La discusión por el aumento del salario mínimo para 2026 llega este martes 9 de diciembre a un punto de inflexión. Tras varios días de reuniones preliminares, la mesa tripartita, conformada por el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, se prepara para revelar las propuestas formales que cada sector llevará a la negociación, en una jornada que será decisiva para el rumbo del incremento que regirá el próximo año.
El momento genera gran expectativa no solo entre los actores directos de la negociación, sino también entre economistas, analistas y organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que observan con atención un proceso marcado por tensiones y visiones divergentes.
Aunque el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había manifestado al inicio de las conversaciones que podía haber una tendencia hacia la alineación de posturas, las diferencias se han profundizado con el paso de los días.
De acuerdo con el cronograma establecido, hacia el mediodía de este martes deberán estar sobre la mesa todas las cifras. Ese será el punto de partida de una discusión que, aunque apenas entra en su etapa formal, ya presenta choques entre lo que plantean los sindicatos y lo que anticipan los gremios empresariales.
Las centrales obreras, respaldadas por el Ministerio de Trabajo, sostienen que el incremento debe alcanzar, como mínimo, dos dígitos. Su postura se fundamenta en el concepto de salario vital y móvil promovido por la OIT, que enfatiza la necesidad de garantizar una remuneración digna para los trabajadores. Para ellos, factores como el costo de la vida y el limitado avance de los ingresos reales hacen indispensable un ajuste significativo.
Los empresarios, por su parte, si bien no han oficializado su propuesta, han dejado entrever que el margen de aumento no debería superar el 7 %, teniendo en cuenta las variables que históricamente determinan el ajuste: inflación y productividad.
Acopi, el gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas y que representa uno de los sectores más sensibles a cambios abruptos en los costos laborales, ha advertido que un incremento superior podría generar efectos adversos en el empleo y en la estabilidad financiera de miles de negocios.
La discusión también ha sido influenciada por posiciones provenientes del propio Gobierno. Aunque el Ministerio de Trabajo actúa como mediador, el presidente Gustavo Petro ha expresado opiniones que reavivan el debate, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha planteado llevar el salario mínimo a 1.800.000 pesos, una cifra que los empresarios consideran alejada de los indicadores económicos actuales.
En ese contexto, los datos más recientes refuerzan la complejidad del panorama. La inflación, según el Dane, llegó a 5,30 % en los últimos 12 meses hasta noviembre, y la productividad no alcanza ni el 1 %, lo que para los gremios empresariales configura un límite claro para cualquier propuesta de incremento.
Con todos estos elementos en juego, este martes 9 de diciembre se convierte en una fecha determinante. El “destape” de cifras marcará el inicio real de la negociación y definirá las tensiones, posibilidades y límites de un acuerdo que deberá concretarse antes de que termine el año.