El ajuste del salario mínimo para el año 2026 tiene efectos más allá del ingreso laboral y también modifica los valores que sirven de base para calcular la cuota alimentaria en Colombia.
Con el salario mínimo legal vigente fijado en $1.750.905 , cambian los montos de referencia que se utilizan en procesos judiciales para establecer la cuota alimentaria que deben asumir padres y tutores de menores.
Aunque el ingreso total mensual con auxilio de transporte llega a $2.000.000, la ley establece que para este cálculo solo se tiene en cuenta el salario básico, ya que el auxilio no constituye salario.
La cuota alimentaria corresponde al aporte económico destinado a cubrir necesidades esenciales de niños, niñas y adolescentes, como alimentación, vivienda, salud, educación, vestuario y recreación.
Según explicó Caracol Radio, en algunos casos la obligación puede llegar hasta el 50% del salario mínimo. Con el nuevo valor, ese tope alcanzaría los $875.452 mensuales, que es el equivalente a la mitad del salario.
Porcentajes que se aplican en la cuota alimentaria
En la práctica, la cuota alimentaria suele fijarse en un rango que está entre el 20% y el 35% del salario mínimo, aunque la ley permite que, dependiendo de las circunstancias, se incremente hasta la mitad del ingreso del salario mínimo.
Esa proporción no es automática, sino que es un juez de familia quien define el porcentaje luego de revisar la situación económica del alimentante y las necesidades del menor.
Bajo esas condiciones, un 20% del salario mínimo representaría un pago cercano a los $350.000 mensuales. Si el porcentaje llega al 30%, el valor rondaría los $612.000.
Cuando la persona obligada a pagar la cuota alimentaria tiene varios hijos beneficiarios, el valor total fijado se reparte entre ellos.
¿Qué revisan las autoridades para fijar el monto?
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señala que el cálculo de la cuota no depende únicamente del salario.
Según la entidad, por un lado, se evalúan las necesidades reales del menor, relacionadas con sus gastos básicos y su entorno de desarrollo.
Por otro lado, se estudia la capacidad de pago del alimentante. Para esto se hace un análisis donde se revisan sus ingresos, sus gastos personales y otras responsabilidades económicas que tenga la persona.
También se tiene en cuenta si la persona tiene a cargo a otros familiares, como padres o hermanos en condición de discapacidad, así como la situación económica del otro progenitor del menor.