El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó un drástico plan de recorte para los trabajadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios en el sector público.
La medida, que comenzará a regir a partir de 2027, forma parte de una estrategia de austeridad fiscal impulsada por las distintas carteras del Ejecutivo para reducir el gasto burocrático del Estado.
El anuncio formal fue realizado ante el Congreso de la República por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. La cartera agropecuaria confirmó la terminación masiva de este tipo de vinculaciones laborales en su sector.
“No continuar con 10.000 contratos u OPS, como le llaman en el sector público, que le valen al Estado $ 540.000 millones y le quitan esa plata a los campesinos. No van el año entrante”, sentenció Dangond ante el Legislativo.
El titular de la cartera agrícola justificó la decisión tras un análisis adelantado durante su primer mes de gestión. Según el funcionario, se detectaron múltiples contratos sin justificación técnica ni operativa dentro de la entidad, incluyendo asesorías directas asignadas en administraciones anteriores.
“Allá llegan a hacer nada, fueron encargos políticos”, criticó Dangond al referirse a los 25 asesores bajo esta modalidad que encontró en su despacho, agregando que “esa plata se la va a ahorrar el Estado”.
Esta determinación se suma a los lineamientos trazados por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien anticipó la presentación de una ley fiscal enfocada en la reducción del gasto público y la racionalización de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en todas las dependencias gubernamentales.
“Obviamente, está el tema que ha recibido mucha atención en las últimas semanas de las órdenes de prestación de servicios (OPS). Ahí también tenemos que recortar”, puntualizó el jefe de la cartera de Hacienda.
Para el ministro Gómez, el tamaño de la nómina paralela representa un costo insostenible para las finanzas públicas. El funcionario argumentó que la proliferación de estos contratos “en muchos casos, no solo es innecesaria, sino que era una burocracia que generaba un altísimo costo fiscal”.
Cifras de la Contraloría General de la República indican que a principios de 2026 existían 501.423 contratos de prestación de servicios vigentes en entidades nacionales y territoriales, con un valor superior a los $ 22,3 billones. Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda presente nuevos detalles del ajuste que afectará a otras carteras de la administración central.