La Contraloría General de la República advirtió sobre posibles riesgos en el proyecto de decreto que propone trasladar recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP hacia Colpensiones.
El organismo de control realizó un análisis preliminar del borrador elaborado por el Ministerio del Trabajo, con el que se busca reglamentar el paso de dineros desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Rais al Régimen de Prima Media, RPM.
Esta posibilidad surge en el marco del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, norma que hace parte de la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República de Colombia y que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional.
Según la Contraloría, existe preocupación porque los recursos del ahorro pensional puedan terminar utilizándose como gasto corriente. El análisis advierte que, de concretarse el traslado total a Colpensiones, dineros destinados al ahorro de largo plazo podrían emplearse para financiar el pago inmediato de mesadas.
Con corte a febrero, 119.496 personas se han trasladado del RAIS al RPM, con recursos cercanos a $24,7 billones. De ese total, 18.507 ya cuentan con derecho a pensión con ahorros estimados en $5,1 billones, mientras que 100.989 aún no lo han adquirido y aportan aproximadamente $686.642 millones anuales.
Aunque el proyecto se sustenta en el artículo 76 de la Ley 2381, la misma disposición establece que los recursos de las cuentas individuales deben seguir siendo administrados por los fondos hasta que se consolide el derecho pensional. Por ello, la Contraloría considera que no sería jurídicamente viable ordenar el traslado total de los recursos, dado que la mayoría de los afiliados aún no cumple los requisitos para pensionarse.
En el caso de las 18.507 personas que ya tienen derecho a pensión, las AFP han señalado dificultades para trasladar los recursos. Esto se debe a lo dispuesto en el Decreto 1225 de 2024, que indica que los dineros deben permanecer en las AFP mientras no entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Dado que dicho fondo aún no está operativo, tampoco existiría un mecanismo institucional para recibir esos recursos, lo que, en la práctica, impediría aplicar lo planteado en el borrador del decreto del Ministerio.
En ese contexto, la Contraloría concluye que la implementación del proyecto resulta inviable bajo la normativa vigente, especialmente por lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024 y su decreto reglamentario. Además, recuerda que la reforma pensional se encuentra actualmente suspendida y en revisión constitucional.
En caso de que la Corte Constitucional declare exequible la ley, los recursos ahorrados deberían dirigirse al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que sería administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones para el pago de mesadas.
Finalmente, el ente de control advierte que este escenario podría incrementar el pasivo pensional del Estado, al cambiar sostenibilidad de largo plazo por alivios fiscales inmediatos, trasladando cargas a futuras generaciones. “En otras palabras, la obligación del Estado se mantiene, pero con menor ahorro disponible para financiarla”, concluye.