Colpensiones enfrenta en 2027 el reto de convertirse en el mayor fondo de pensiones del país y, al mismo tiempo, de garantizar el pago de las mesadas de millones de trabajadores. Según lo expuesto por la ministra del Trabajo, Natalia López, ante el Congreso de la República, la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 implicará que la entidad pase de administrar aportes de alrededor de 3 millones de cotizantes a atender a 10,2 millones entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2027.
Ese salto masivo en la base de afiliados plantea una tensión fiscal que, de no resolverse, dejaría a Colpensiones con un faltante significativo para cumplir sus obligaciones.
El nuevo modelo establece que la primera franja de cotización de cada trabajador —hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes— será de manejo obligatorio por parte de Colpensiones. Con el salario mínimo de 2026, ese tope equivaldría a $4.027.081, aunque el monto definitivo dependerá del salario mínimo que se fije para 2027.
La parte del ingreso que exceda ese umbral irá al Componente Complementario de Ahorro Individual, administrado por las AFP, pero a la hora de pagar la pensión, Colpensiones integrará ambos componentes y hará un único giro mensual al pensionado. Ese diseño concentra en el fondo público la responsabilidad de pagar las mesadas, lo que aumenta la exposición fiscal del Estado.
La ministra López detalló cifras que explican la magnitud del desafío: en 2027 se esperan traslados por $5,52 billones y aportes de aseguradoras por $4,15 billones.
El Ministerio del Trabajo calcula que la disponibilidad presupuestal confirmada por Hacienda contempla una cuota de funcionamiento aproximada de $58,17 billones, de los cuales cerca de $41 billones estarían destinados a Colpensiones y $17 billones al Fopep.
Aun así, esa distribución dejaría un faltante estimado en torno a $4,84 billones frente a las necesidades proyectadas para Colpensiones en 2027, según la propia ministra.
En términos prácticos, ese déficit es la diferencia entre los recursos que el fondo necesitará para pagar pensiones y los recursos que hoy están comprometidos en el Presupuesto General de la Nación.
Frente a ese panorama, el Ministerio del Trabajo planteó una solución que combina la solicitud de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda y la redefinición del papel operativo de Colpensiones dentro del sistema pensional.
La propuesta busca garantizar la continuidad de los pagos, en particular para los meses críticos de noviembre y diciembre de 2026, y asegurar que la transición al nuevo régimen no deje a los pensionados sin mesada.
La ministra pidió al Congreso respaldar la financiación del faltante, subrayando que, aunque para 2026 existen recursos apropiados por $5,4 billones, esa disponibilidad no resuelve por sí sola las necesidades de pago futuras.