La Corte Suprema de Justicia ordenó a Colpensiones reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes, así como los intereses moratorios correspondientes, pese a que el afiliado fallecido no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993. La decisión representa un revés judicial para el fondo público y marca un precedente relevante en materia pensional.
El caso se originó tras la muerte de un afiliado en el año 2002. Su esposa solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y, años después, en 2019, reclamó además el pago de los intereses moratorios.
La postura del fondo pensional y la apelación del caso
Colpensiones negó la solicitud del pago argumentando que el trabajador no había cotizado las 26 semanas requeridas durante el año anterior a su fallecimiento, tal como lo establece la Ley 100.
Ante la negativa, el caso llegó a instancias judiciales, que fallaron a favor de la mujer. Sin embargo, Colpensiones apeló la decisión y llevó el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en que no era posible aplicar normas anteriores ni el principio de condición más beneficiosa.
Por qué se analizó una norma anterior a la Ley 100
En la sentencia SL2027-2025, el alto tribunal ratificó las decisiones previas y concluyó que, en este caso específico, debía aplicarse dicho principio jurídico, el cual permite acudir a una norma derogada cuando resulta más favorable y evita injusticias durante los periodos de transición normativa.
Semanas cotizadas y situación jurídica consolidada
La Corte explicó que, aunque el fallecimiento ocurrió bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, también debía analizarse el Acuerdo 049 de 1990, que exigía haber cotizado 300 semanas antes del 1 de abril de 1994 para acceder al derecho pensional.
Al revisar el historial laboral, se comprobó que el afiliado había acumulado 898 semanas antes de esa fecha, superando ampliamente el requisito previsto en la norma anterior.
Para el alto tribunal, este cumplimiento configuró una situación jurídica consolidada que no podía ser desconocida por Colpensiones, aun cuando la legislación vigente al momento de la muerte impusiera condiciones adicionales.
Con base en este análisis, la Corte Suprema ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, así como de los intereses moratorios a favor de la demandante, reiterando que el principio de condición más beneficiosa protege derechos adquiridos y garantiza seguridad jurídica dentro del sistema pensional colombiano.