Hoy, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, se dio el visto bueno para una iniciativa que muchos habían llamado como el ‘plan B’ del gobierno nacional a su reforma tributaria, que todavía no había sido tramitada y cuya votación a favor estaba en veremos.
Tramitada en paralelo a la reforma en cuestión, este proyecto busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos, bajo el nombre de “reactivación económica”, y llega en un momento en el que el Ejecutivo busca llegar a consensos para destrabar la discusión alrededor de la reforma fiscal.
Dicho proyecto se plantea como una alternativa de recaudo y un alivio a corto plazo que combina medidas tributarias, ambientales y sociales con el objetivo de ‘dinamizar la economía’, según dieron a conocer en su momento sus promotores.
Entre otros, el texto presentado plantea una reducción temporal de sanciones e intereses para contribuyentes con deudas ante la Dian y los entes territoriales. Según lo planteado, quienes se acojan a esta medida pasarían a pagar únicamente el 10% del valor total de las sanciones, lo que representa una amnistía fiscal del 90% sobre las deudas que se tengan.
A su vez, se contempla la conciliación de procesos administrativos y judiciales relacionados con materias tributarias, aduaneras y cambiarias. Esto último con el fin de agilizar la resolución de litigios pendientes y mejorar el recaudo.
De acuerdo con el proyecto, dentro de los seis meses después de su entrada en vigencia, los intereses moratorios se reducirán al 50% de la tasa vigente, en un esfuerzo que busca incentivar el pago de los deberes.
El proyecto de ‘reactivación económica’ incluye un componente social, pues contempla un descuento tributario del 50 % en renta para las personas o empresas que realicen aportes al Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores, con el fin de fortalecer la atención social a esta población.
Estas nuevas medidas se extienden a otros sectores de la economía. En materia de salud pública, se añade el impuesto al consumo de tabaco y vapeadores, cigarrillos electrónicos, además otros dispositivos con nicotina.
Cabe recordar que esta iniciativa, que nació como una respuesta a la necesidad de cubrir el déficit fiscal generado luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto por $546,9 billones está desfinanciado, no elimina el actual trámite en el que se encuentra la reforma tributaria presentada por el actual gobierno, y que todavía sigue en debates.