La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió sobre el impacto económico y jurídico de la decisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que ordenó a Colombia y Ecuador levantar los aranceles que ambos países se han impuesto en medio de un reciente conflicto comercial bilateral.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló que la CAN recordó que la integración andina “no es un discurso, sino un marco jurídico y político construido precisamente para evitar que las tensiones coyunturales e ideológicas entre gobiernos terminen castigando a las empresas, al empleo y a los ciudadanos”.
En su pronunciamiento, Lacouture advirtió que insistir en mantener dichas medidas, pese al llamado del organismo regional, “no proyecta firmeza, proyecta una desconexión costosa entre la política y la economía real”.
La dirigente gremial explicó además el alcance del procedimiento establecido para el cumplimiento de la orden. “El camino que sigue es totalmente claro y establecido por la Secretaría General de la CAN. Se fijó un plazo de 10 días hábiles para retirar las medidas. Cualquier reconsideración puede presentarse dentro de los 45 días, pero no frena automáticamente su cumplimiento”, indicó.
Lacouture agregó que, en caso de incumplimiento, el conflicto podría escalar a instancias jurídicas supranacionales. “Si aun así persisten los aranceles, el asunto puede entrar en terreno de incumplimiento del derecho andino y puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, explicó.
Finalmente, hizo un llamado a privilegiar el diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar mayores afectaciones económicas y diplomáticas. “Es importante que los pasos se cumplan y también, dentro del relacionamiento entre los dos gobiernos, que se tengan acciones de diálogo y resolver cualquier confrontación que permita seguir avanzando entre dos pueblos que han sido hermanos”, concluyó.
La CAN emitió una orden perentoria a Colombia y Ecuador para que eliminen los aranceles que han desencadenado un conflicto comercial entre ambos países. El organismo regional otorgó un plazo de 10 días para dar cumplimiento a esta instrucción, buscando frenar los daños en el intercambio comercial binacional.
A través de las resoluciones 2581, 2582 y 2582, la Secretaría General determinó que las restricciones impuestas en las fronteras vulneran el Acuerdo de Cartagena de 1969. Según el organismo, estas medidas contravienen el Programa de Liberación Comercial que rige para los países miembros y obstaculizan el libre flujo de bienes en la subregión.
La decisión de la CAN, vinculante para sus integrantes (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú), se produce en un momento de alta tensión diplomática. En las últimas semanas, se han registrado amenazas de retiro del bloque andino para buscar una integración con el Mercosur como alternativa comercial.
Con esta orden, la CAN busca restablecer el equilibrio económico en la zona y asegurar que las políticas arancelarias de las naciones miembros no afecten los tratados de integración vigentes desde hace más de cinco décadas.
*Con información de Colprensa