El Gobierno Nacional defendió ayer el proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso, ante la ola de críticas que recibió por parte de los diferentes sectores económicos del país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti afirmó que la iniciativa fue pensada para impactar “dividendos, disminuir impuestos a las empresas, poner impuestos por fusiones empresariales, a los hidrocarburos y a los vehículos que contaminen”.
Asimismo, el presidente Petro, en su cuenta de X afirmó que “la reforma tributaria va hacia los más ricos del país” y no impactaría a los más pobres.
Sin embargo, la realidad que se muestra en el proyecto es otra y los aumentos en el IVA para varios productos podría impactar a la mayoría de colombianos y a la canasta familiar.
Para Juan Diego Lobo, profesor asociado de Economía de la Universidad EAN, aunque el proyecto de ley de financiamiento se promociona como una reforma para que “los más ricos paguen”, la realidad es distinta.
Si bien se reducen los umbrales en UVT para patrimonio y renta (de 70.000 a 40.000), la mayor parte de los recursos que el Ministerio de Hacienda espera recaudar proviene del consumo, es decir, del bolsillo de la mayoría de los colombianos.
“El artículo 9 del proyecto establece un gravamen del 8 % a productos importantes para la canasta de consumo de la mayoría de la población, así sea de manera indirecta: café, harinas de trigo y cereales, azúcar de caña o de remolacha, sacarosa químicamente pura, cargadores de baterías para vehículos eléctricos (incluidos los que vienen con ellos), cargadores de carga rápida (electrolineras) y de recarga domiciliaria, entre otros. Esto inevitablemente encarecerá el costo de vida y golpeará el bolsillo de la población general”, explicó el docente.
Asimismo, aseguró que lo más preocupante es que el Gobierno Nacional se niega a reconocer que estas medidas afectan a toda la población. “Además, desatiende las recomendaciones de expertos que insisten en que la solución debe pasar por ajustes en el gasto público y no por una carga impositiva que castiga indiscriminadamente a los colombianos”.
Alejandro Useche, docente de Economía de la Universidad del Rosario, considera que más allá de las razones económicas, el debate de esta reforma tiene un tinte político partidista, en medio de una situación de gran división en el país.
“Creo que la lectura que da el Presidente es bastante parcializada y con imprecisiones, pues muchos de los impuestos que se proponen si bien es cierto, los paga en primer momento una empresa o una persona de altos ingresos, al final lo terminamos pagando todos. Por ejemplo el IVA a los licores. El licor es consumido por muchas personas y de diferentes estratos”, dijo.
Agregó, que “un aumento como esos, aunque el licor no esté dentro de la canasta familiar, implica un perjuicio, una reducción de su capacidad de compra y una reducción de su poder adquisitivo”.
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de las Estaciones de Servicio, aclaró que contrario a lo que dice el Gobierno, la reforma tributaria presentada tendrá un importante impacto en el precio interno de los combustibles fósiles.
“En un cálculo inicial, con los datos actuales de la estructura de precios la gasolina corriente y diésel, el cambio en la estructura del IVA para la gasolina corriente, así como el aumento en la tarifa y el cobro de impuesto a los biocombustibles, implicará un aumento para 2026 de cerca de $834 por galón para la corriente y $450 para el diésel. Con la tarifa plena al 19 %, que será gradual, el aumento sería de $1,825 por galón de gasolina y $1,087 por galón de diésel”.
Igualmente, los empresarios cuestionaron la sobretasa al sector financiera, la cual considera aumentaría los costos de los créditos para los colombianos.
De otro lado, desde el Ministerio de Hacienda, aclararon que el proyecto “no grava con IVA las cuotas de administración de las propiedades horizontales”. Explicaron que si se trata de una propiedad horizontal mixta o comercial que presta servicios o explota zonas comunes, sí serán responsables del IVA.