¿Cuál es la peor? Las cinco 'plagas' que tienen frenada a Cali

Cali es un ciudad que, según muchos ciudadanos, está sumergida en el caos y la Alcaldía enfrenta constantemente muchos cuestionamientos.

Un ejemplo de ello son los recientes escándalos de contratación. La Administración ha celebrado más de 75.000 contratos de forma directa y aunque la mayoría son para cumplir las necesidades de personal de la entidad, los grandes proyectos también han tenido sus polémicas.

María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, manifiesta que hay un mecanismo orquestado para favorecer a unos empresarios específicos.

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“En 2021, el 28 % de las pocas licitaciones que se hicieron por parte de la Alcaldía tuvieron un único oferente. Y para el primer semestre del 2022, el 55 % del total del recurso licitado se adjudicó a un único oferente o a un solo proponente habilitado”, dijo.

Alvarado aseguró que no se están dando las garantías de una real competencia por los contratos.

Pero existen otros problemas que todos los días generan preocupación entre los ciudadanos, los trancones, el irrespeto al espacio público, la intolerancia, que en su conjunto minan la confianza en la ciudad.

Una de las razones que motivó a la Administración a extender el pico y placa por 14 horas es la difícil situación de movilidad que tiene Cali.

La subsecretaria de Movilidad, María del Mar Solanilla, aseguró que hay jornadas en las que “las longitudes de los embotellamientos pueden llegar a superar los 500 metros”.

Sin embargo, las medidas no han sido suficientes, pues en vías como la calle 5, la avenida Simón Bolívar o la carrera primera, todavía se presentan dificultades para una movilidad fluida.

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El parque automotor registrado en el Runt de Cali es de 780.258 vehículos y en lo corrido del año a nivel nacional, con corte a agosto, las cifras de ventas de carros y motos han ido en aumento, con un 22,4 % más de unidades vendidas solo en motocicletas, con respecto al 2021.

Según Henry Martin, experto en movilidad, lo que ha generado la situación actual es la falta de planificación ante el aumento de la población y del parque automotor.

“La planeación de las ciudades no se basó en la posibilidad de un crecimiento poblacional tan acelerado, sobre todo por motivos de desplazamiento del campo. Cali es una ciudad extensa que plantea largos desplazamientos, principalmente por trabajo y estudio, y al ser insuficiente el transporte público para cubrir la demanda, las personas recurren a otros mecanismos, como la compra de motos, para movilizarse”, destacó Martin.

El acumulado de homicidios de esta Alcaldía (sumando el 2020, 2021 y el 2022 hasta el 3 de octubre) era de 3020, 11 % menos que en los primeros dos años y 276 días de la administración Armitage, 38 % menos que en el mismo lapso de tiempo de la administración de Rodrigo Guerrero y 33 % menos que en el primer mandato de Ospina.

Y este año apunta a que las cifras podrían ser aún menores. Sin embargo, Cali continúa siendo uno de los lugares más inseguros del país. En el 2021, la ciudad fue la que más homicidios registró en el país, con 1223 en total.

Los ciudadanos continúan sintiendo miedo de caminar por las calles y el investigador en temas de seguridad, Alberto Sánchez, aseguró que las condiciones de Cali son tan complejas que no se pueden solucionar, simplemente, con más pie de fuerza policial.

“Mientras la seguridad no sea una prioridad de la ciudad y del Gobierno, será muy difícil resolver el problema. Hay inversiones que se tienen que hacer, por ejemplo, el búnker de la Fiscalía, la dotación carcelaria, las Casas de Justicia. Se necesitan varios esfuerzos para cubrir la violencia que vive la ciudad”, sostuvo Sánchez.

En Cali se ve de todo. Personas que agreden a guardas de seguridad y agentes de tránsito, usuarios del MÍO que ingresan sin pagar al sistema y se enojan si les reclaman, conductores de diferentes vehículos que usan los andenes y carriles del MÍO para transitar, basuras arrojadas en el espacio público y personas que invaden la propiedad privada.

Para el sociólogo y docente investigador Holbein Giraldo Paredes, los problemas de Cali son históricos y tienen una tendencia a agravarse. “Inseguridad, movilidad, desempleo, déficit de vivienda y de cobertura educativa para las clases menos favorecidas. A todos estos problemas se le suman la falta de sentido de pertenencia porque Cali es una ciudad de migrantes y el crecimiento acelerado –y a veces descontrolado– que se está viviendo”.

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Cali se ha configurado como la capital del Pacífico, según la misma Administración en la reciente cumbre de alcaldes de esta región del país, razón por la cual recibe todo el tiempo a la población que es oriunda de estos territorios.

El sociólogo Giraldo sostuvo que tiene mucho que ver que las comunidades que llegan sean desplazadas por el conflicto armado, y resaltó otros problemas como los índices de pobreza al alza, la extendida economía informal y la corrupción que han realizado los gobernantes. “Cali no ha tenido una buena administración en décadas”, comentó.

El caso del contrato AMI y los medidores inteligentes de energía para la ciudad hicieron que todo el país mirara hacia la contratación en Cali, incluidos los órganos de control.

La Contraloría General de la República reveló que sí había sobrecostos en la compra de elementos en dicho contrato, de entre 350 % y 1000 %.
Este hecho abrió la compuerta para que también se revisara la gestión contractual de la Alcaldía.

Al analizar los datos 2020-2022 de la Administración Ospina, la Procuraduría General de la Nación dio cuenta de varios hallazgos, entre ellos, un alarmante favorecimiento a un contratista: la Asociación Gremial Agesoc.

Con el top 10 de contratistas de la actual Alcaldía se han celebrado un total de 2230 contratos por un valor de $ 154.725 millones, de los cuales
$ 133.210 millones han sido destinados para la mencionada empresa, es decir, el 86 % del total.

Para Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas —Polis— de la Universidad Icesi, todos estos escándalos sobre la contratación le hacen mucho daño a la ciudad y minan la confianza de los habitantes en las instituciones.

“Creo que falta más transparencia a nivel general. Si bien se ha incrementado el control, todavía no hay suficientes sistemas de información. La Administración debería ser más transparente y comunicar de mejor forma qué hacen con los recursos de la ciudad”, dijo Martínez.

Las invasiones en Cali no son un tema nuevo, el asentamiento irregular en La Aldovea, ubicado en Navarro y desalojado esta semana, se venía mencionando desde junio del 2021 y constantemente se hacen denuncias de situaciones similares en otras zonas de la ciudad.

Fabio Alonso Arroyave, presidente del Concejo Distrital, declaró que “la invasión del espacio público y la ocupación ilegal no puede ser el gran negocio para algunos, azotando la ladera de Cristo Rey, Tres Cruces y La Bandera, además de lo visto en la zona oriente”.

Este fenómeno lo explicó el director del doctorado y la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry: “Detrás de todas estas invasiones hay organizaciones criminales que se encargan de vender predios de manera ilegal, estafando a las personas y perjudicando a los dueños reales de estos lotes”.