La Unidad Nacional de Protección, UNP, decidió retirar los esquemas de seguridad que beneficiaban a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras una revisión técnica que concluyó que ninguno de los tres cumplía con los criterios de riesgo y vulnerabilidad exigidos para mantener escoltas y vehículos oficiales.
Según el informe interno y las fuentes consultadas por la entidad, la suma combinada de estos dispositivos representaba un gasto aproximado de 40 millones de pesos mensuales para el presupuesto público, cifra que motivó parte del escrutinio y la decisión administrativa.
Esto corresponde al cálculo agregado de los recursos destinados a personal de seguridad, vehículos blindados o de alta movilidad, combustible, mantenimiento y demás costos operativos asociados a los esquemas.
La UNP explicó que la reasignación o cancelación de medidas de protección obedece a evaluaciones técnicas periódicas en las que se ponderan factores como la existencia de amenazas concretas, la persistencia de riesgos, la exposición pública del beneficiario y la proporcionalidad del gasto público frente a la amenaza identificada.
En el caso de Gabriela Muñoz, la asignación de protección se produjo en la fase final del Gobierno anterior, cuando ella denunció intimidaciones y presentó una queja ante la Fiscalía.
No obstante, la UNP aclaró que la Fiscalía no solicitó directamente escoltas, sino un estudio técnico para determinar su nivel de riesgo; tras la revisión, la entidad concluyó que no se mantenían las condiciones que justificaran el esquema.
La polémica alrededor de Muñoz se intensificó por señalamientos sobre su supuesta injerencia en decisiones de la Aeronáutica Civil y por cuestionamientos sobre nombramientos de personal vinculados a ella, hechos que motivaron además una indagación preliminar de la Procuraduría.
En cuanto a la situación de Juliana Guerrero, se entrelaza con procesos judiciales abiertos en la Fiscalía: uno por presunta utilización de títulos falsos para acreditar requisitos de nombramiento y otro por la investigación de una supuesta red de gestión de contratos.
En las pesquisas que se han divulgado se mencionan presuntas tarifas y porcentajes que habrían operado en esa red: un cobro inicial de 1 millón de pesos por gestionar una reunión, un anticipo de 200 millones de pesos para iniciar gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor del contrato adjudicado. Esos señalamientos, que Guerrero ha negado, forman parte del contexto que llevó a revisar la pertinencia de su esquema de protección.
Por otro lado, Beto Coral, la UNP retiró su esquema luego de establecer que las medidas le fueron otorgadas de forma inmediata tras su deportación desde Estados Unidos, sin que en ese momento se hubieran realizado los análisis técnicos y evaluaciones previas que exige el protocolo institucional para determinar el nivel de riesgo real.
La entidad subrayó que la protección temporal puede concederse en situaciones urgentes, pero que su continuidad requiere la verificación técnica que en este caso no arrojó elementos suficientes para mantener el dispositivo.