El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tomó un nuevo rumbo tras las confesiones de Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la entidad.
Desde prisión, Rodríguez entregó a la Fiscalía General de la Nación una matriz de colaboración que revela presuntas irregularidades en contratos millonarios y compromete a exfuncionarios y políticos de alcance nacional, entre ellos el precandidato presidencial Camilo Romero, el exdirector Olmedo López y la exfuncionaria Alethia Arango.
Rodríguez, quien hasta hace unos meses era desconocido para la opinión pública, aseguró que durante su gestión en la UNGRD presenció maniobras de direccionamiento de contratos, sobrecostos y favorecimientos a aliados políticos.
Noticias Caracol reveló que en su testimonio menciona cómo recursos destinados a poblaciones vulnerables habrían sido desviados para beneficiar a contratistas específicos.
Uno de los episodios más graves corresponde a la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017. Según Rodríguez, López y Arango modificaron convenios interadministrativos para adjudicar de manera directa contratos de casi mil viviendas en el predio Sauces 2 al arquitecto Ramón España Gutiérrez, cuestionado por presunta falta de idoneidad.
De acuerdo con la matriz, España visitó en varias ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y participó en reuniones en Mocoa acompañado de figuras políticas vinculadas a Antioquia.
Las declaraciones también involucran a Camilo Romero, exgobernador de Nariño y precandidato presidencial. Rodríguez asegura que, durante la administración de Romero, se habría direccionado un contrato de licores para favorecer a empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, señalado de aportar recursos y apoyo logístico a su campaña de 2015.
Afirma que el entonces gobernador habría delegado a su primo, Andrés Arango Romero, como intermediario para concretar esos acuerdos.
Rodríguez, condenado en mayo pasado por falsedad en documento público y concierto para delinquir, pidió perdón y firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En ese marco, se comprometió a revelar detalles del funcionamiento del esquema de corrupción tanto en la UNGRD como en la Gobernación de Nariño.
Por su parte, Camilo Romero niega categóricamente las acusaciones. Señaló que se trata de una persecución política y aseguró que no existen pruebas en su contra.
Además, recordó que un audio en poder de su defensa demostraría que Rodríguez reconoció que el exgobernador nunca le dio instrucciones ilegales. “Podrán intentar usar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe una sola prueba”, afirmó.
El próximo 25 de septiembre, un juez definirá si avala el principio de oportunidad solicitado por Rodríguez, una decisión que podría abrir un nuevo capítulo en el caso UNGRD.