La Superintendencia Nacional de Salud alertó a las entidades de control del Estado por la existencia de embargos que superan los $2,6 billones sobre recursos del sistema de salud administrados por distintas EPS, una situación que, según la entidad, podría comprometer la continuidad y oportunidad en la atención a los usuarios.
La advertencia se dio en el marco de la Red de Controladores del Sector Salud, creada mediante la Resolución 002246 de 2020, que reúne a organismos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y varias superintendencias, con el objetivo de coordinar acciones para proteger los recursos públicos del sistema y garantizar la prestación del servicio.
De acuerdo con el informe técnico remitido por la Supersalud a la Fiscalía y la Procuraduría, los embargos recaen sobre dineros que, por su naturaleza, deben destinarse exclusivamente a la atención en salud y no pueden ser objeto de medidas judiciales.
Con corte al 22 de enero de 2026, la entidad identificó que la mayor afectación se concentra en EPS que actualmente tienen medidas de intervención forzosa administrativa. En este grupo, Nueva EPS registra embargos cercanos a $2,1 billones. Le siguen Coosalud EPS, con aproximadamente $341 mil millones, y Asmet Salud EPS, con $137 mil millones.
También aparecen reportes en Cajacopi EPS, que ahora opera como Proteger EPS bajo vigilancia especial con $43 mil millones, y en Emssanar EPS, con cerca de $39 mil millones.
Además, se encontraron 36 embargos adicionales en EPS que no tienen medidas de intervención administrativa y que suman más de $32 mil millones. Estos casos se concentran en Mallamas EPS-I ($15.052 millones), Capital Salud EPS ($8.750 millones), Compensar EPS ($7.478 millones), Sanitas EPS ($752 millones) y Salud Total EPS ($540 millones).
El análisis también evidenció que estos procesos judiciales se repiten con mayor frecuencia en Caquetá, Huila y Bogotá, y que algunos demandantes aparecen de manera reiterada en distintos casos.
La Supersalud insistió en que estos recursos tienen carácter público, destinación específica y son inembargables, por lo que su afectación puede generar retrasos en pagos a prestadores, incremento de quejas, acciones judiciales adicionales y riesgos operativos para las EPS.
La entidad anunció que mantiene seguimiento permanente a esta situación y reiteró el llamado a las autoridades competentes para evaluar posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y adoptar las medidas que correspondan.