Una nueva controversia sacude a la Fiscalía General de la Nación, luego de que se conocieran señalamientos contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por una presunta intervención para modificar los delitos imputados a once integrantes de la denominada Primera Línea, investigados por ataques contra el sistema de transporte TransMilenio y otros bienes públicos en Bogotá.
La denuncia fue revelada por la revista Semana, que publicó detalles de una reunión realizada en junio de 2026 entre directivos del ente investigador y las fiscales encargadas del proceso.
Según los testimonios recogidos por ese medio de comunicación, durante el encuentro se habría transmitido una instrucción atribuida a Camargo para cambiar el delito de terrorismo por el de asonada, una modificación que podría representar beneficios judiciales para los procesados.
De acuerdo con la investigación periodística, en la reunión participaron Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial; Zenaida de Jesús López, coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia; Juan Andrés Cano, director de la Unidad de Justicia Transicional, y dos fiscales de la Seccional Bogotá.
Uno de los asistentes habría manifestado que el mensaje recibido era que la fiscal general no estaba conforme con la acusación por terrorismo que enfrentaban los investigados.
La propuesta habría sido modificar la calificación jurídica de las conductas o, como alternativa, acudir a un principio de oportunidad para beneficiar a los procesados. Sin embargo, las fiscales responsables del expediente se habrían opuesto a cambiar los cargos, al considerar que las pruebas recopiladas respaldaban la acusación.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia tiene que ver con la decisión administrativa que se produjo después de la negativa de las fiscales a modificar los cargos.
Según Semana, el 16 de junio de 2026, Camargo firmó la Resolución 0171, mediante la cual se creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa y se modificó la asignación del expediente contra los once procesados.
La decisión permitió que el caso pasara a otro despacho, justo cuando las fiscales originales se encontraban en una etapa clave de la investigación. Semanas después, la funcionaria que tenía preparada la acusación fue retirada de la Fiscalía y también se produjo el traslado del director seccional, según los testimonios publicados por la revista.
La resolución argumentó que las investigaciones estaban relacionadas con hechos ocurridos durante escenarios de protesta social y que era necesario armonizar la acción penal con la protección constitucional del derecho a la manifestación pública y pacífica.
La controversia aumentó después de que la Fiscalía presentara acuerdos de negociación para los once investigados, con penas que oscilarían entre cinco y siete años de prisión, agrega el informe de la revista.
Según la publicación, en algunos casos se eliminó el delito de terrorismo, mientras que en otros se modificó el grado de participación de los procesados, pasando de autores a cómplices.
Los expedientes incluyen señalamientos por ataques contra buses y estaciones de TransMilenio, destrucción de bienes públicos, utilización de artefactos explosivos y amenazas contra ciudadanos.
Uno de los episodios descritos en los documentos hace referencia a un procesado que habría intimidado al conductor de un bus con una papa bomba, lanzado artefactos explosivos frente al vehículo y utilizado un machete para romper sus ventanas. Pese a la descripción de estos hechos, el acuerdo sostiene que la conducta no cumpliría los requisitos jurídicos para configurar terrorismo.
La investigación, que se prolongó durante más de dos años y contó con videos, interceptaciones y elementos recopilados por la Sijín, permitió la captura de 11 personas.
La revista también informó que, durante la última semana de octubre, la Fiscalía llevó los acuerdos ante una jueza y siete de los 11 procesados aceptaron los cargos negociados. La audiencia se realizó de manera reservada por solicitud de la defensa.
Otro elemento relevante es la participación de TransMilenio y la Universidad Nacional de Colombia como víctimas reconocidas dentro del proceso.
Ambas instituciones manifestaron reparos frente a los acuerdos y cuestionaron que la Fiscalía les hubiera comunicado la presentación de las negociaciones con apenas 12 horas de anticipación, un plazo que, según lo publicado, habría dificultado la revisión detallada de sus condiciones.
Ante esta situación, las víctimas acudieron a una acción de tutela para solicitar que se conozcan los alcances de los acuerdos y las razones jurídicas que sustentaron los beneficios concedidos a los procesados.
El caso abre un nuevo debate sobre la autonomía de los fiscales, los criterios para diferenciar los delitos cometidos durante las protestas sociales y la obligación de investigar las conductas violentas sin criminalizar la manifestación pacífica.
Por ahora, los señalamientos publicados por Semana corresponden a una investigación periodística y deberán ser contrastados y esclarecidos por las instancias competentes.