En una operación adelantada en el sector del peaje El Trapiche, en el municipio de Copacabana, Antioquia, soldados del Ejército de Colombia, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, recuperaron a dos menores de edad, que habrían sido reclutadas de manera ilegal por integrantes del GAO residual Estructura 4, que delinque en el área general del municipio de Segovia, al nordeste del departamento.
De acuerdo con el reporte de la Séptima División del Ejército Nacional, la información de inteligencia permitió identificar que las menores habrían sido reclutadas con la intención de enviarlas a la región del Catatumbo, para reforzar la Estructura 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.
“Con esta operación se logra evidenciar una vez más que los grupos terroristas que delinquen en la región continúan violando los derechos humanos e infringiendo las normas del derecho internacional humanitario, con la utilización de menores de edad en actividades al margen de la ley”, destacó el Ejército Nacional.
Finalmente, la Séptima División del Ejército Nacional reiteró que va a continuar con las operaciones sostenidas para seguir debilitando los grupos criminales que intentan afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del noroccidente del país.
Reclutamiento en Colombia
A finales de mayo, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la evolución del reclutamiento infantil en Colombia, revelando que grupos armados ilegales han sofisticado sus métodos de captación e incorporado el entorno digital y la manipulación afectiva como herramientas para enganchar a menores de edad.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, con corte al 30 de abril de 2026, un total de 11.830 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a actividades de organizaciones ilegales. El Icbf, por su parte, ha atendido a 2259 menores en programas especializados, la mayoría entre los 13 y 17 años.
El ente de control identificó que detrás de este fenómeno confluyen la expansión territorial de los grupos ilegales, la pobreza, la deserción escolar y la debilidad institucional en zonas apartadas del país.
La Procuraduría también documentó ausencias reiteradas de entidades nacionales y territoriales en los procesos de desvinculación y reintegración, situación que motivó el lanzamiento de un proyecto piloto con el SENA en ciudades capitales para fortalecer la inclusión social y reducir la reincidencia.
*Con información de Colprensa.