Alerta por el incremento del reclutamiento infantil en Colombia: la Contraloría advirtió debilidades institucionales

En medio del Foro Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes adelantado por la Contraloría General de la República, se alertó sobre las debilidades que se encontraron en la implementación de políticas públicas con el fin de prevenir el reclutamiento infantil en Colombia.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó en su participación que los grupos armados no solo disputan el control territorial, sino que también limitan el futuro de los menores de edad, por lo que el Estado debe tomar acciones más allá de contener el riesgo, sino que es urgente prevenir el reclutamiento.

“El reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley; este fenómeno no puede seguir siendo entendido como un asunto exclusivamente de seguridad, es una expresión profunda de fallas históricas que siempre debemos reconocer como estado de carácter institucional”, dijo Rodríguez en su intervención.

El contralor añadió que históricamente ha existido exclusión social y debilidades estatales para la protección de los menores de edad, por lo que, de acuerdo con los datos del Estudio Intersectorial ‘Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia’, “la tendencia de reclutamiento muestra un crecimiento preocupante”.

En materia presupuestal, de los $12.891 millones asignados al proyecto de inversión desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento, se ejecutaron $9.216 millones, quedando pendientes por ejecutar $3.675 millones, detalló el funcionario.

Además, a lo anterior se suma una reducción presupuestal del 83.8 % para el periodo 2024-2026, con recursos que descendieron a $1.810 millones.

“Esta combinación de riesgo creciente y menor capacidad fiscal exige, con muchísimo respeto, una corrección inmediata y una sugerencia respetuosa por parte del organismo de control para que sea tenida en cuenta”, agregó.

Carlos Hernán Rodríguez mencionó, por ejemplo, que “el departamento del Cauca concentra de manera dramática esta problemática. En el análisis de los 42 planes de desarrollo municipales y el plan departamental, la Contraloría General encontró que solo el 44,2 % de los municipios hace referencia al reclutamiento, uso, utilización o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y, aun allí, esas menciones no se traducen en recursos específicos ni en estrategias concretas de intervención”.

Además, en la mesa territorial realizada por la Contraloría General de la República en la Gobernación del Cauca se evidenció que la violencia intrafamiliar, la ausencia de entornos protectores, la deserción escolar, la falta de infraestructura educativa, transporte y conectividad siguen siendo factores que aumentan la exposición de los niños a los grupos al margen de la ley, especialmente en los más de 15 municipios clasificados en alto riesgo.

Se necesita intervención urgente

El Contralor General afirmó en su exposición que “la prevención del reclutamiento demanda una presencia estatal permanente y efectiva; no basta con intervenciones en un momento determinado de carácter institucional que sean ocasionales o sean fragmentadas”.

Por ello, indicó que se requiere garantizar el funcionamiento permanente de escuelas, alimentación adecuada, rutas de protección activas, conectividad segura, acceso cercano a la justicia, fortalecimiento de las autoridades territoriales, oferta cultural y deportiva, atención en salud mental, acompañamiento familiar y oportunidades reales de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes.

“Los grupos armados no solo disputan al Estado el control del territorio, también disputan la imaginación del futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes; por eso la respuesta institucional no puede ser fragmentada, no puede limitarse a contener el riesgo”, dijo el funcionario.

Agregó que se “debe recuperar la confianza, restituir horizontes de vida y demostrar con acciones concretas resultados que sean verificables, que el Estado realmente está ofreciendo una alternativa más fuerte y legítima y, sobre todo, más esperanzadora frente a estos fenómenos de violencia”.