Luego de que se conocieran casos de irregularidades en las titulaciones profesionales emitidas desde la Fundación San José, que incluso han llegado a protagonizar parte de los escándalos del gobierno Petro, desde la parte administrativa se pronunciaron.
Precisamente fue el rector de la institución, Carlos Rodríguez, quien rompió el silencio y salió al paso de la controversia con unas declaraciones en donde aceptan ciertas fallas dentro de la fundación, las cuales calificó como “inadmisible”.
De esta manera, Rodríguez confirmó que la universidad se encuentra bajo un estricto plan de mejoramiento con el acompañamiento del Ministerio de Educación.
Esto, según él, para garantizar la calidad y la transparencia en los procesos académicos y administrativos.
Cabe recordar que la institución, que cuenta con cuatro décadas de trayectoria, busca evitar que este episodio afecte la credibilidad de sus procesos y, especialmente, la reputación de sus miles de graduados en todo el país.
El rector fue enfático en señalar que la institución ha iniciado una reingeniería organizacional para detectar dónde se rompió la cadena de custodia de la información.
“Sí hubo una falla. Pudo haber una falla de seguridad, pudo haber una falla de extralimitación de funciones y por eso entra la institución a revisar las funciones de todos los funcionarios”, afirmó Rodríguez.
El directivo explicó que la revisión no se limitará únicamente al área encargada de los grados, sino que abarcará a toda la estructura administrativa para garantizar que un evento similar no se repita.
“Es un hecho que para la institución es inadmisible y debe garantizar hacia el futuro que no se vuelva a presentar”, subrayó.
Pese a admitir los errores, el rector hizo un llamado a no deslegitimar la labor social de la universidad por este caso puntual. Para la dirección, los procesos de transformación social y el sustento de cientos de empleados no pueden verse eclipsados por la irregularidad detectada en la expedición del diploma.
“No podemos llevar todo al cesto de la basura porque el impacto es bastante grande”, sostuvo Rodríguez, al tiempo que insistió en que enfrentarán las consecuencias legales y administrativas que se deriven de la investigación oficial liderada por las autoridades.
Cabe recordar que el entramado de corrupción académica salió a la luz por el caso puntual de Juliana Guerrero, quien pretendía ser nombrada como funcionaria pública con un título falso.
Por esos hechos, Guerrero ya fue imputada por presunto uso de títulos falsos por la Fiscalía General de la Nación.