La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la condena de 28 años contra el exdirector del DAS José Miguel Narváez por estar involucrado en el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba en mayo de 1999.
A la sentencia se suma la multa de 3.499,99 salarios mínimos que debera pagar y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, el exdirectivo del DAS fungía paralelamente como un influyente asesor e ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), promoviendo entre la cúpula paramilitar la persecución de líderes políticos bajo la llamada doctrina del “enemigo interno”.
El secuestro de la líder política se perpetró el 21 de mayo de 1999 en el barrio El Poblado de Medellín, cuando hombres armados vinculados a la banda criminal “La Terraza” y al Bloque Central Bolívar la interceptaron mientras asistía a una cita médica. El cautiverio, que se prolongó hasta su liberación el 4 de junio de ese año gracias a la mediación de sectores humanitarios, estuvo motivado por falsos señalamientos que la tildaban de ser una supuesta colaboradora y “tesorera internacional” del ELN debido a sus gestiones de paz.
Durante audiencias ante magistrados de Justicia y Paz, se refirió a que el secuestro fue ordenado por Carlos Castaño tras conocer una serie de grabaciones telefónicas que le entregó el entonces subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez.
“Con esta decisión se da un paso más en la lucha contra la impunidad contra estos funcionarios, que revestidos de poder cometen estas violaciones de derechos humanos. El Tribunal encontró que está plenamente probada la autoría intelectual de Narváez como determinador del secuestro”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar y representante de víctimas.
Adicionalmente, fue vinculado a la investigación por el magnicidio del senador de la República Manuel Cepeda.
“Con esta decisión se da un paso más en la lucha contra la impunidad contra estos funcionarios, que revestidos de poder cometen estas violaciones de derechos humanos. El Tribunal encontró que está plenamente probada la autoría intelectual de Narváez como determinador del secuestro”, señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar y representante de víctimas.