La Procuraduría General de la Nación vinculó a los directivos de Ecopetrol, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe a la investigación por el millonario contrato con la firma Covington & Burling que superó los cinco millones de dólares.
Los miembros de la junta directiva serán escuchados por el ente investigador, tras ser mencionado por Alberto José Vergara, director corporativo de Cumplimiento, en su declaración.
“Se incorporó al expediente la documentación allegada por Ecopetrol en respuesta a los requerimientos realizados y se recibió la versión libre de Alberto José Vergara Monterrosa. De las diligencias practicadas surgió la necesidad de vincular otros sujetos procesales”, indica el texto de la Procuraduría.
Añade que “surge del material probatorio incorporado al plenario que la Junta Directiva de Ecopetrol SA aprobó la creación de una comisión especial integrada por Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Luis Alberto Zuleta para adelantar el proceso de contratación de la firma asesora externa que realizaría el estudio ante potenciales riesgos reputacionales y recomendaciones contenidas en el Informe de Control Risks”.
Según la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, el contrato en cuestión fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y su ejecución cubre las vigencias 2024 y 2025. El documento, por un valor cercano a los cinco millones de dólares, contemplaba servicios para medir el impacto en la imagen corporativa de Ecopetrol ante investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa.
La indagación se inició luego de publicaciones en medios de comunicación sobre posibles anomalías en el proceso contractual, por lo que también se ordenó acumular otro expediente relacionado, tramitado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación.
El expediente disciplinario fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la existencia de eventuales responsabilidades penales.
El contrato CW207382 inicialmente había sido suscrito por un monto de $875.000 dólares, pero fue modificado mediante un otrosí, que amplió el objeto contractual y elevó su valor a más de cinco millones de dólares. Este incremento se autorizó para incluir estudios sobre la afectación a la imagen de Ecopetrol en Estados Unidos, debido a procesos judiciales y mediáticos relacionados con Roa.
De acuerdo con versiones publicadas en medios de comunicación, algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol aseguraron no haber sido informados sobre la firma del otrosí y cuestionaron la legalidad de dicho procedimiento.
Además, la investigación también examina si existieron irregularidades en el manejo de información confidencial dentro de la compañía, específicamente por la presunta retención de correos electrónicos y documentos internos de al menos 70 funcionarios de alto nivel.
*Con información de Colprensa