La Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum a la Superintendencia de Salud para que entregue un informe detallado sobre la situación actual de la Nueva EPS, en medio de la creciente incertidumbre que rodea a la entidad.
De forma vehemente, el Ministerio Público solicitó que se precise si a la fecha continúan vigentes las causales que motivaron la intervención forzosa ordenada por el Gobierno Nacional. La información solicitada deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles.
La medida cobra relevancia luego de que el pasado viernes 3 de abril venció el plazo de dicha intervención sin que hasta ahora se haya anunciado su renovación.
En primer lugar, el organismo de control pidió a la Superintendencia de Salud informar si “la Nueva EPS continúa incursa en las causales que sustentan mantener la medida de intervención forzosa administrativa”.
Asimismo, solicitó copia del concepto emitido por el Comité de Medidas Especiales que habría sustentado la decisión de prorrogar la intervención, así como los informes mensuales elaborados por la agente interventora designada para administrar la entidad.
El requerimiento de la Procuraduría se da en medio de preocupaciones por el desempeño de la EPS durante el proceso de intervención. Según el documento, la entidad aún no cumple plenamente las órdenes impartidas por la Superintendencia, pese a algunas acciones adelantadas en materia financiera y de reporte de información.
Puntualmente, el Ministerio Público advirtió que la Nueva EPS no ha logrado implementar mecanismos efectivos de control y gestión sobre los recursos del sistema de salud, lo que se evidencia en la continuidad del uso de anticipos a prestadores y proveedores, práctica que debería ser excepcional.
Además, se identificó que incluso los anticipos derivados de tutelas y desacatos estarían siendo utilizados como mecanismo ordinario para cubrir deficiencias estructurales en la prestación del servicio.
A esto se suman fallas en el procesamiento de cuentas médicas, pues, aunque se han registrado avances, la Procuraduría señaló que la EPS no ha cumplido la meta de modernización tecnológica, lo que ha generado retrasos, ineficiencias operativas y riesgos en la calidad de la información.
El documento alerta sobre un panorama complejo en materia tecnológica, con rezagos en infraestructura, debilidades en seguridad de la información y riesgos en la operación, pese a la implementación de nuevos sistemas.
Finalmente, el ente de control recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mantiene sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre las EPS, incluso cuando estas se encuentran bajo intervención, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios.