La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos vinculados al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por posibles irregularidades en tres contratos celebrados en 2021. Los convenios, cuyo valor supera los $850 millones, estaban destinados a financiar actividades de bienestar social para el personal de la institución.
Según el organismo de control, parte de los recursos se habría invertido en eventos que no corresponden a los lineamientos oficiales de la Policía Nacional ni a lo establecido en la normativa vigente. La Guía de Atención de la Familia Policial y el Manual de Bienestar y Calidad de Vida, documentos que regulan estas actividades, fueron citados como referencia en la apertura de la indagación.
El expediente que reposa en el Ministerio Público indica que entre las actividades contratadas figuran celebraciones de cumpleaños, despedidas de funcionarios y fiestas de amor y amistad. Estos eventos, según el análisis preliminar, no están reconocidos como actividades oficiales o institucionales dentro de los programas de bienestar social.
Según explicó la Procuraduría, el objetivo de la indagación es determinar si hubo o no, un uso indebido de los recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los uniformados y sus familias.
La preocupación del ente de control radica en que las inversiones se habrían destinado a fines que no están contemplados en la misión institucional ni en las disposiciones legales que regulan el bienestar policial.
Cabe resaltar que, la actuación disciplinaria fue asumida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, la cual, busca establecer la ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles responsables y determinar si existieron faltas disciplinarias.
Por su parte, el Ministerio Público aclaró que la apertura de la indagación no implica una sanción inmediata. Pues se trata de una fase preliminar que permitirá recopilar pruebas y verificar si efectivamente se cometieron irregularidades en la planeación y ejecución de los contratos. Solo después de esa verificación se decidirá si procede una investigación formal.
De acuerdo con lo señalado por la Procuraduría, el proceso hace parte de los mecanismos de vigilancia que buscan garantizar la transparencia en la contratación estatal, en especial en el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales de las instituciones armadas.
Hasta el momento, el proceso se mantiene en etapa preliminar, a la espera de que el ente de control, finalice la recopilación de elementos necesarios para definir si procede una investigación disciplinaria formal contra los funcionarios involucrados.