Como resultado de una tutela interpuesta por el personero del municipio de Rondón (Arauca), Oscar Fernando Vanegas Ávila, un juez de la República ordenó al presidente Petro suspender los bombardeos en contra de todo grupo delincuencial de este departamento.
La tutela fue interpuesta por el personero debido a que, según datos de las autoridades, hay más niños, niñas y jóvenes que han perdido la vida durante los bombardeos que la Fuerza Pública ha hecho en todo el país.
Por ello, el personero indicó que instauraba la tutela “en defensa del interés público y como agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de que se ampararan los derechos fundamentales de: acceso a la información pública, vida e integridad personal, interés superior del menor y derecho a la verdad,así como los principios del Derecho Internacional Humanitario de distinción, precaución y proporcionalidad, los cuales considera vulnerados por la omisión en el establecimiento de protocolos ajustados al bloque de constitucionalidad”.
El juez concluyó que, en un periodo no máximo a dos meses, el Gobierno Nacional (en cabeza de Gustavo Petro) deberá revisar la estrategia de bombardeos para evitar que haya víctimas menores de edad en estas operaciones.
“Una vez tenga lugar lo anterior, difundan el protocolo ajustado con las unidades tácticas que desarrollan operaciones militares en el departamento de Arauca, tanto mediante notas internas o su equivalente, como a través de actividades de capacitación en materia de derecho internacional humanitario, con especial énfasis en el interés superior de los NNA que integran estructuras criminales”, ordenó el juez.
Los datos de Medicina Legal indican que las víctimas menores de edad suelen estar entre los 14 y 17 años. Las zonas más afectadas son Guaviare, Arauca y Putumayo.
Las últimas víctimas que eran menores de edad
Cuatro de los nueve cuerpos que las autoridades trasladaron tras el bombardeo del pasado viernes contra el Clan del Golfo en Nuquí, Chocó, corresponden a menores de edad. Así lo identificó la sede en Quibdó del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal). Los cuatro son de sexo masculino.
El bombardeo ocurrió el 12 de junio en zona rural de Nuquí, en el litoral pacífico chocoano. Tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con apoyo de la Policía, atacaron a la subestructura Jhon Fredy Orjuela, una facción del Clan del Golfo que opera en esa región.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, reportó que nueve presuntos integrantes del grupo armado murieron en la operación. Según el oficial, las tropas incautaron nueve armas largas, munición de distintos calibres, material de comunicaciones y uniformes.
La Fuerza Pública describió la acción como una afectación a la capacidad armada de esa estructura, que se disputa el territorio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó. En su reporte inicial, las Fuerzas Militares no mencionaron la presencia de menores entre los muertos.
Los nueve cuerpos llegaron a Medicina Legal en Quibdó para las necropsias. Fue ahí donde el instituto estableció que cuatro de ellos correspondían a menores de edad, todos hombres.
Con información del Colprensa*