El presidente de la República, Gustavo Petro, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varias regiones del país como respuesta a la grave ola invernal que ha azotado al territorio nacional en las últimas semanas.
La medida quedó consignada en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 y tendrá una vigencia inicial de 30 días.
La decisión cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó, zonas que han sufrido con particular intensidad los efectos de las lluvias y las inundaciones en lo que va del 2026.
Según el Gobierno, el objetivo es atender de manera urgente las consecuencias humanitarias, sociales y económicas derivadas de esta situación climática excepcional, la cual ha dejado, al menos, 14 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 50.000 familias damnificadas.
En el documento oficial, expedido por la Presidencia de la República, se recuerda que el artículo 215 de la Constitución Política faculta al jefe de Estado para declarar la emergencia cuando “sobrevengan hechos (…) que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública”.
Asimismo, se señala que la declaratoria permite dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
El decreto subraya que la declaratoria debe cumplir con exigentes presupuestos materiales. Entre ellos, el denominado “presupuesto fáctico”, que exige que la medida se base en hechos sobrevinientes que perturben o amenacen el orden económico, social o ecológico.
Dicho decreto también menciona el “presupuesto valorativo”, según el cual la perturbación debe ser grave e inminente, y el “presupuesto de necesidad”, que implica demostrar que las medidas ordinarias resultan insuficientes para enfrentar la crisis.
En el apartado denominado “PRESUPUESTO FÁCTICO”, el documento detalla que entre el 1 y el 6 de febrero de 2026 la región Caribe colombiana fue impactada por “un evento hidrometeorológico atípico, asociado al desplazamiento latitudinal anómalo de un frente frío”.
Este fenómeno, de acuerdo con los registros climatológicos históricos del periodo 1991-2020, alcanzó latitudes más meridionales de lo habitual, intensificando las lluvias y generando emergencias en múltiples municipios.
Con esta declaratoria, el Gobierno busca, además de coordinar la atención humanitaria, habilitar mecanismos extraordinarios para recaudar recursos que permitan enfrentar la magnitud de los daños.
La expedición de decretos con fuerza de ley estará orientada a financiar la atención de los damnificados, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de infraestructura afectada.
Petro pidió quitar suspensión al decreto de emergencia
En paralelo a la expedición de este nuevo decreto, el presidente Petro envió una carta a la Corte Constitucional solicitando que se levante la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, una medida anterior relacionada con la emergencia económica y social decretada en diciembre pasado.
En dicha carta, el mandatario enfatizó que su responsabilidad de gobernar en medio de una crisis “no admite dilaciones ni lecturas abstractas” y advirtió que “aquí está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables”.