El panorama institucional en Colombia ha dado un giro definitivo. El Gobierno Nacional expidió de manera formal la normativa que sepulta una de las apuestas de la actual administración. A través del Decreto Número 0626 del 19 de junio de 2026, se ordenó el cierre definitivo de esta cartera que buscaba centralizar las políticas sociales del sector.

La determinación se tomó luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio vida jurídica al proyecto. A pesar de los múltiples intentos en el Congreso de la República para subsanar los errores de trámite advertidos por el alto tribunal, la iniciativa legislativa fracasó en su segundo debate reglamentario.

A partir de la firma de este documento institucional, la entidad sufrirá una modificación técnica e inmediata en su denominación operativa. El organismo pasará a llamarse oficialmente Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, asumiendo una hoja de ruta administrativa para desmantelar progresivamente su estructura interna.

El texto oficial emanado por el Departamento Administrativo de la Función Pública indica que el proceso tendrá un plazo inicial para ejecutar la liquidación completa de sus bienes y responsabilidades. Durante este periodo, se congelará la vinculación de nuevos servidores y se suprimirán paulatinamente las funciones asignadas a las dependencias.

La firma del decreto no tardó en generar repercusiones directas fuera de los despachos oficiales. Durante las últimas horas, cientos de trabajadores vinculados a la entidad se congregaron para manifestar su inconformidad en el centro de Bogotá, justo al frente de las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Los manifestantes denunciaron que se les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo de forma sorpresiva. La orden de restricción llegó acompañada de una circular administrativa interna remitida la semana pasada, mediante la cual se les exigía la entrega inmediata de sus funciones y cargos vigentes.

Con este mandato presidencial, el patrimonio que manejaba la institución entrará en una fase rigurosa de inventario y avalúo comercial. Un liquidador designado por la presidencia estará a cargo de coordinar el traspaso de las obligaciones financieras y el balance de los activos existentes en la entidad.

La terminación del proyecto que nació originalmente bajo el amparo de la Ley 2281 de 2023 reconfigura las prioridades del presupuesto nacional. Los ministerios tradicionales volverán a asumir las competencias de atención a poblaciones vulnerables que habían sido delegadas a este despacho.

Frente a este escenario, las miradas ahora se centran en el inventario de los archivos físicos y digitales acumulados por la entidad durante su vigencia, una tarea crucial para blindar la transparencia en la transición institucional.