El más reciente informe del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se dio a conocer este jueves, analizó la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro y concluyó que los procesos de negociación que se han puesto en marcha no han contribuido a prevenir violaciones o abusos de los Derechos Humanos en diferentes regiones del país ni han generado procesos de diálogo con las comunidades.
El informe muestra un panorama de la situación de derechos humanos en el país, afectado muy gravemente en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y Sierra Nevada de Santa Marta, y departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, el Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Señala la oficina del alto comisionado que, en 2025, recibió 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 se encuentran en proceso de verificación y 18 fueron consideradas no concluyentes.
En las masacres verificadas se registraron 174 víctimas, que incluyen 147 hombres, 20 mujeres, 4 niños y 3 niñas, mientras que, del total de víctimas, 5 pertenecían a pueblos étnicos (2 indígenas y 3 afrodescendientes).
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En el 95 % de las masacres verificadas, la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales, y, en el 75 % de los casos, la presunta motivación estaría relacionada con disputas por el control de economías ilícitas.
Manifiesta la entidad que “es fundamental fortalecer la respuesta del Estado para prevenir la violencia, proteger a la población civil y garantizar la autonomía y seguridad de las comunidades étnico-territoriales, así como de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos”.
Destaca el alto comisionado que uno de los retos es mejorar la coordinación entre instituciones nacionales y territoriales, lo que es indispensable para avanzar en la implementación de las políticas de paz, seguridad y lucha contra las drogas.
Sobre la política de Paz Total, dice el informe que “estos procesos (de negociación con grupos ilegales) en la mayoría de los casos no lograron prevenir violaciones y abusos, como homicidios de personas defensoras o reclutamiento de niños y niñas, ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.
Recomienda la entidad involucrar más a las comunidades y no centrar el diálogo solamente en los grupos armados ilegales.
“Estos procesos deben construirse e implementarse especialmente con las comunidades y las autoridades locales, así como con otros procesos sociales que históricamente han defendido los territorios, y no de manera directa con los actores armados como interlocutores principales en los territorios”, dice.