Una inspección sorpresa en la Seccional de Carabineros de Bogotá terminó en el hallazgo de tres teléfonos móviles y un cargador en poder de personas recluidas en este centro de detención especial.
La revisión se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran reportes sobre la realización de llamadas no autorizadas desde este lugar. Al parecer, los dispositivos estaban ocultos en baños y habitaciones de estas celdas.
Según trascendió, uno de los teléfonos pertenecía a la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia, quien fue trasladada hace dos semanas desde la cárcel El Buen Pastor.
Barrera llegó a este centro de detención especial luego de la solicitud presentada por su defensa y tras meses de conversaciones con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
La Corte Suprema de Justicia condenó a Epa Colombia por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.
La Sala concluyó que la conducta de Barrera excedió los límites de la protesta social, al considerar que la destrucción de bienes públicos, grabada y difundida por ella misma en redes sociales, tenía la capacidad de incitar a terceros a repetir comportamientos similares.
El alto tribunal explicó que “la difusión masiva de contenidos violentos y destructivos a través de redes sociales tenía la potencialidad de incitar a terceros a replicar conductas delictivas”, y sostuvo que no era necesario demostrar que esas personas hubiesen cometido actos terroristas, sino que bastaba la probabilidad de inducir estados de zozobra y temor.
En noviembre de 2019, durante el estallido social, Barrera destruyó con un martillo parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio y participó en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito.
Las imágenes fueron publicadas por ella en plataformas digitales y generaron, según las autoridades, un impacto considerable en la ciudadanía.
En 2020 una jueza de conocimiento absolvió a Barrera del delito de instigación a delinquir con fines terroristas y concedió la suspensión condicional de la pena.
Sin embargo, en agosto de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y la condenó también por este delito, con una pena de 63 meses y 15 días de prisión, multa de 492,24 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer como influenciadora.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en enero de este año esa sentencia y ordenó su captura inmediata.