Las familias de los 17 militares colombianos detenidos en Haití por su presunta vinculación con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse solicitaron al presidente Abelardo De La Espriella que medie ante las autoridades haitianas para lograr el traslado de los uniformados a Colombia, argumentando que han pasado cinco años sin que se garantice un proceso judicial con las mínimas garantías de debido proceso.
En una carta dirigida también al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al canciller, Ómar Bula, los familiares exponen su preocupación por la crisis institucional y la corrupción que, según ellos, han impedido que los detenidos puedan presentar ante un tribunal las pruebas que los favorecen.
El documento, firmado por Claudia Herrera en calidad de vocera de los familiares y radicado en el Dapre y el Ministerio de Justicia, plantea una batería de vías judiciales y diplomáticas para gestionar el traslado: la extradición, la deportación humanitaria, el traslado de personas condenadas o procesadas, el traslado de reos a Colombia, el canje o intercambio con otros connacionales privados de la libertad en el exterior e incluso la expulsión hacia Colombia.
Los firmantes sostienen que los términos legales de reclusión ya fueron superados sin que exista una sentencia en firme, por lo que piden que se evalúen “entre otras figuras” las opciones que permitan a los militares acceder a un juicio “justo, imparcial y con plenas garantías procesales” ante la institucionalidad colombiana.
En la misiva las familias insisten en que los militares habrían aceptado “una oferta de trabajo legal” por parte de una empresa de seguridad estadounidense y que, según su versión, fueron “objetivo de una organización criminal que los involucró, los engañó y los abandonó a su suerte”.
Añaden que hoy los señalados son percibidos por la opinión pública como autores de crímenes que, sostienen, no cometieron. Las familias se declaran dispuestas a reunirse con el Gobierno y a entregar la documentación o información que se requiera para avanzar en las gestiones.
El asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, desató una investigación compleja en la que han participado múltiples actores y que ha estado marcada por la inestabilidad política y judicial de Haití.
Desde entonces, decenas de personas han sido detenidas y procesadas en un caso que ha generado críticas sobre la capacidad del sistema judicial haitiano para garantizar audiencias públicas y procesos con todas las garantías. Para las familias de los militares colombianos, esa situación justifica la búsqueda de alternativas que permitan trasladarlos a Colombia y someterlos a procesos en los que, aseguran, puedan defenderse con plenas garantías.