El presidente Gustavo Petro le pidió al Ministro de Hacienda reconocer la deuda del Estado en la Nueva EPS y pagarla.
La petición la hizo luego de que se conocieron los estados financieros de esta EPS, correspondientes a los años 2023 y 2024, en los que se muestra pasivos por más de $22 billones y una pérdida de $4,8 billones en 2024.
Ante esto, el mandatario dijo que la mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la Nación, “es decir 11 billones de pesos que la Nación debe pagar, la otra mitad es de privados”.
Agregó que el Ministro de Hacienda debe, “por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al Estado y volverla deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la Nación”.
Para el mandatario esto podría aumentar la deuda nacional, pero considera que hay que reconocer porque hay “un sistema de salud espantoso de intermediación financiera privada que fue saqueado desde hace más de una década”.
“Las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados. Esos $11 billones que debe pagar el Estado es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración que Vargas Lleras ejerció en la conducción de la junta directiva, salen muy caros los señores, y sus maneras neoliberales de gobernar, los $11 billones deben ir con prioridad a hospitales públicos del país y centros y puestos de salud para deudas de medicamentos y de la fuerza de trabajo de la salud”, escribió en X.
Según los cálculos del Presidente, el saqueo de la salud va en 30 billones de pesos, la mitad del déficit primario de la Nación.
“Pero si pagamos en vigencias futuras durante un lustro esa deuda a la Nueva EPS y no viene una nueva administración corrupta, será un gran aporte para el mejoramiento de la salud de los colombianos en todo el país”.
En 2024, Nueva EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios alcanzó $26,4 billones. Los gastos administrativos fueron de $0,5 billones, cerca del 2,5% de los ingresos, lo que arrojó una pérdida de $4,8 billones. La cifra, sin embargo, representa una mejora respecto a 2023, cuando la pérdida fue de aproximadamente $6,5 billones.
“La pérdida no se explica principalmente por la administración de la entidad, sino por el desbalance entre los recursos que entran al sistema y el costo real de atender a los afiliados”, precisó el comunicado de la interventoría, aclarando que los recursos de 2024 asumían compromisos de vigencias anteriores.