En medio de todo el revuelo que causaron las revelaciones sobre los presuntos vínculos de altos funcionarios del Ejército Nacional con las disidencias del frente comandado por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, el presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar.
Durante el reciente consejo de ministros, el Presidente anunció la realización de un examen de informática forense a los chats y dispositivos incautados a Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’ Córdoba, en los que aparentemente se mencionan la filtración de datos oficiales con los disidentes.
“Espero que sea a la Fiscalía General, que sepamos la verdad con un aval de informática forense. De acuerdo a eso, tomaré decisiones. No antes, porque la verdad es la que debe guiar mis decisiones”, dijo el mandatario.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, dijo tener “muchas dudas” sobre el contenido del reportaje, que en una declaración anterior tildó de “falso”.
En el trabajo periodístico se mencionó que un general y un alto funcionario de inteligencia compartieron información con rebeldes comandados por ‘Calarcá’.
Ante esto, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa investigan al general Juan Manuel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuestamente planear la creación de una empresa de seguridad que permitiera a los guerrilleros evadir controles y comprar armas.
La información se extrajo de teléfonos y dispositivos electrónicos requisados en julio de 2024, cuando ‘Calarcá’ y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz.
El mandatario considera que la CIA filtró la información a Caracol para perjudicar a su gobierno, enfrentado con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Washington mantiene una diplomacia hostil con Bogotá por considerar que no hace lo suficiente contra el narcotráfico. Trump retiró a Colombia su condición de aliado la lucha antidrogas e impuso severas sanciones económicas contra Petro y algunos de sus familiares.
El martes, la Defensoría del Pueblo pidió apartar a los altos funcionarios investigados.
“Se sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas”, dijo la entidad en un comunicado.
Petro prometió negociar la paz con todos los grupos ilegales cuando llegó al poder en 2022, pero, a nueve meses de su salida del poder, no ha logrado su objetivo.
El mandatario también acumula tensiones con el Ejército tras purgar a varios altos mandos. Según medios locales, Mejía era el encargado de llevar a cabo esas depuraciones.
‘Calarcá’ tiene una orden de captura suspendida por las negociaciones, sin avances significativos, mientras los ataques de la disidencia contra la fuerza pública continúan.
Con información de AFP