La Gobernación de Cundinamarca declaró administrativamente responsables a las directivas del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, de Cajicá, por graves fallas en los protocolos de seguridad y vigilancia. La licencia de funcionamiento de dicho plantel académico será cancelada al finalizar el calendario académico de 2026.
El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció de esta institución educativa y posteriormente fue encontrada sin vida, vuelve a generar repercusiones.
Este viernes 14 de agosto, la Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre del colegio, donde estudiaba la menor, tras concluir un proceso administrativo en el que se establecieron fallas relacionadas con el deber de cuidado y la vigilancia de los estudiantes.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. En ella se declaró administrativamente responsable al establecimiento educativo por una infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo. La medida también cobija a la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza.
Uno de los principales hallazgos de la investigación administrativa apunta a que el colegio habría omitido su deber de cuidado, presentado fallas en los protocolos de seguridad y no habría garantizado una vigilancia diferenciada para Valeria, teniendo en cuenta sus condiciones particulares.
La Gobernación señaló que la menor se encontraba bajo una protección constitucional reforzada debido a una triple condición de vulnerabilidad: su edad, su género y condición. Valeria tenía síndrome de Down, circunstancia que, según la decisión administrativa, exigía una atención y vigilancia especial por parte de la institución educativa.
Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025, durante la jornada escolar, en las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá.
Su desaparición desencadenó una intensa operación de búsqueda en la que participaron organismos de socorro, autoridades judiciales, Policía, Bomberos y voluntarios. Durante varios días se realizaron recorridos por zonas boscosas y cuerpos de agua cercanos al colegio.
Después de una extensa búsqueda, el cuerpo de la menor fue encontrado en las inmediaciones del río Frío, cerca de la institución educativa. Medicina Legal estableció posteriormente que la niña murió por ahogamiento.
Desde entonces, la familia ha insistido en que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso abrió dos frentes de investigación: uno administrativo, adelantado por las autoridades educativas de Cundinamarca, y otro penal, bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión de cerrar el colegio no significa que haya concluido la investigación judicial. Por el contrario, la Gobernación ordenó compulsar copias del expediente a la Fiscalía, para que el organismo determine si existen conductas que puedan tener relevancia penal.
La Fiscalía también avanza en la investigación sobre la posible responsabilidad de integrantes del personal educativo. La representación de víctimas había solicitado que se investigara a la rectora y a docentes de la institución por posibles omisiones relacionadas con el cuidado y vigilancia de la menor.
Uno de los elementos centrales del debate judicial es precisamente determinar si las personas encargadas de la vigilancia de Valeria cumplieron con sus obligaciones y si una eventual omisión tuvo relación con el desenlace fatal.
La sanción contempla un proceso de cierre progresivo. La cancelación de la licencia de funcionamiento empezará a regir una vez finalice el calendario académico de 2026, con el propósito de garantizar que los estudiantes actualmente matriculados puedan culminar el año escolar.
Además, la rectora deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.
La decisión administrativa también establece que, una vez quede en firme y ejecutoriada, deberán adelantarse los trámites correspondientes para retirar al colegio de los registros y suspender los procedimientos relacionados con su funcionamiento como institución educativa.