La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nuevamente es señalada por presuntas irregularidades en su funcionamiento, esta vez por denuncias relacionadas con una supuesta “puerta giratoria” que permitiría a funcionarios de cargos directivos mantenerse en puestos de relevancia dentro de la entidad mediante recomendaciones y acuerdos para favorecer nuevas contrataciones.
Sigifredo López, víctima de las Farc y exdiputado del Valle del Cauca, llegó a Bogotá para recibir estas denuncias, que, según explicó, provienen de personas vinculadas a la propia JEP y ponen bajo la lupa la permanencia de algunos funcionarios en posiciones clave.
“Creo y ojalá yo esté equivocado, que se debe al ‘yo te elijo, tú me eliges’. El señor formó parte de un comité de la ONU que elige a los magistrados y ahora los magistrados lo eligen a él y lo reeligen periódicamente y los resultados de unos, muy pocos en sentencias o fallos de la justicia y el otro despilfarro de los recursos públicos”, indicó López.
Una de las denuncias entregadas al exdiputado apunta directamente a un funcionario encargado de la contratación de la JEP, quien anteriormente estuvo vinculado a organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y, de acuerdo con el señalamiento, esa trayectoria habría facilitado su llegada a la jurisdicción.
“Una burla a las comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras de todo el país; y una malversación de miles de millones de pesos, injustificadamente utilizados en actividades que no guardan relación con el proceso de expedición, tanto de la Ley 1922 del 18 de julio de 2018, como del Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP 001 del 9 de marzo de 2018”, señala la denuncia conocida por las víctimas de las Farc.
“Las víctimas de las Farc le piden a la Fiscalía y la Procuraduría adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quienes firmaron esos contratos y estarían comprometidos en lo que advierten es una puerta giratoria al interior de la entidad”, menciona la denuncia.
De acuerdo con los cuestionamientos expuestos por López, esta situación adquiere mayor relevancia por la discusión alrededor de los recursos invertidos en la JEP, que, según los señalamientos, superarían los $4 billones, en contraste con los resultados que esperaban las víctimas frente a la verdad, la justicia y la reparación.
“Más de 4 billones de pesos en una justicia que no cumplió con la propuesta inicial de su creación: verdad, justicia y reparación”, sostuvo Sigifredo López.
Ahora, las denuncias plantean que sean la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de establecer si existieron irregularidades en los procesos de contratación señalados y determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.