JEP pidió al Congreso frenar recorte de $170.000 millones en su presupuesto para 2027

Una urgente petición le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Congreso de la República para que se mantengan los $821.803 millones previstos inicialmente para su funcionamiento en 2027, ante un recorte adicional de $170.000 millones incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La advertencia se conoce antes del segundo debate de la iniciativa, luego de que las comisiones económicas conjuntas aprobaran una reducción que dejaría los recursos de la jurisdicción en $651.803 millones para el próximo año, una cifra inferior en $129.667 millones al presupuesto vigente de 2026.

La entidad explicó que la asignación inicial ya era menor en $125.839 millones frente a los $947.642 millones que había solicitado y que, tras realizar ajustes, todavía enfrenta un déficit de $84.633 millones que ha obligado a restringir gastos.

El nuevo recorte contempla $140.000 millones menos para inversión y otros $30.000 millones para funcionamiento, una reducción que, según la JEP, afectaría el desarrollo de sus actividades judiciales y las medidas de protección.

La disminución de los recursos de inversión reduciría la disponibilidad presupuestal de $174.119 millones a $34.119 millones, lo que limitaría las audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, además de la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial a las víctimas.

La jurisdicción tiene acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas, mientras que las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4736 integrantes de la Fuerza Pública también estarían comprometidas.

El recorte afectaría, además, las investigaciones de la Unidad de Investigación y Acusación, las labores técnico-forenses, los análisis de riesgo y el seguimiento a las sanciones propias, así como los esquemas de seguridad para víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios.

En materia de funcionamiento, la JEP calcula que los recursos disponibles alcanzarían para cubrir, en promedio, cuatro meses de medidas de protección, pese a los ahorros de $21.575 millones que consiguió entre 2024 y julio de 2026 mediante ajustes logísticos, herramientas virtuales y estrategias de austeridad.

La entidad también reportó una ejecución presupuestal superior al 87 % desde 2019 y señaló que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registran hallazgos de corrupción en su contra.

La JEP aclaró que la solicitud de recursos no busca extender su mandato, cuya vigencia está prevista hasta 2033, y sostuvo que necesita financiación para avanzar en el cierre de las investigaciones de los 11 macrocasos, los juicios y la implementación de las sanciones propias antes de esa fecha.