El agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, lanzó una fuerte alerta nacional debido al creciente número de embargos judiciales que afectan las finanzas de la entidad.
Según el directivo, estas medidas recaen sobre cuentas inembargables y ya alcanzan una cifra cercana a los 2,5 billones de pesos.
Esta retención masiva de capital compromete directamente los recursos destinados a la atención médica de millones de afiliados.
La situación frena el flujo financiero para cumplir los compromisos económicos con clínicas, hospitales, proveedores y operadores farmacéuticos en todo el territorio colombiano.
Ospina Gómez advirtió sobre la existencia de posibles irregularidades en estos procesos judiciales, de forma específica en aquellos relacionados con contratos transaccionales.
Ante este panorama, el interventor solicitó formalmente una revisión y análisis detallado por parte de las autoridades competentes.
Despachos judiciales bajo la lupa
La entidad promotora de salud informó que la presión jurídica no es generalizada, sino que se concentra en puntos específicos.
Cinco despachos judiciales del país acumulan actualmente cerca del 80% de los procesos de embargo que enfrenta la EPS.
Entre las oficinas señaladas se encuentran el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva. Asimismo, aparecen el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena de Indias, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá y el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, en el mismo departamento.
El directivo relató que intentó reunirse con la Juez 26 del Circuito de Bogotá para explicar el principio de inembargabilidad de los recursos de la salud.
Sin embargo, denunció que sus colaboradores le negaron la atención presencial y le ordenaron remitirse únicamente a los canales virtuales.
Impacto en la atención de los pacientes
Nueva EPS enfatizó que el dinero afectado es indispensable para asegurar tratamientos, entregar medicamentos de forma oportuna y abrir redes estratégicas de servicios. Cuando se interrumpe este flujo de dinero, se reduce drásticamente la capacidad de respuesta operativa frente a los usuarios del sistema.
“Estos recursos son indispensables para garantizar tratamientos, medicamentos, apertura de redes estratégicas y continuidad en la atención de los pacientes. Cuando se rompe el flujo financiero de la entidad, también se afecta la capacidad de respuesta del sistema frente a quienes más necesitan los servicios de salud”, señaló Ospina.
Aunque la firma aseguró que respeta el marco de las decisiones judiciales, recordó que el derecho fundamental a la salud y a la vida debe prevalecer. Por ello, instó a proteger el capital público asignado al sector y evitar medidas extremas que agudicen las dificultades financieras actuales.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.