Vivir en la casa de los padres, aun cuando ya se tiene mayoría de edad, es una situación muy común en Colombia, pues esta es una opción más cómoda cuando de estabilidad financiera se habla.
No obstante, hay diversos casos en los que los padres discrepan con esto, pero no encuentran la forma de que sus hijos salgan del inmueble.
Pues bien, para ello el país cuenta con una ley que permite, legalmente, que los progenitores les pidan a sus hijos irse de su vivienda en ciertas circunstancias.
Se trata del artículo 288 del Código Civil y la Ley 1098 de 2006, o Código de Infancia y Adolescencia, los cuales establecen que la edad máxima para que los hijos estén en casa de sus padres es hasta los 25 años.
Solo hay dos motivos por el que los jóvenes que tengan más de edad aún sigan viviendo bajo el techo de dicha propiedad: que estén estudiando o que presenten alguna discapacidad física o mental que les impida subsistir por sus propios medios.
Al respecto, el socio y director de Sescol Tax & Legal Abogados y Consultores, Abel Cupajita Rueda, detalló que, por ley, los progenitores solo tienen obligación con sus hijos hasta que estos cumplen la mayoría de edad.
“Los padres tienen la patria potestad y obligación del cuidado y protección de sus hijos, hasta que cumplan la mayoría de edad, o si se encuentran en condición de discapacidad, vulnerabilidad, o en etapa de estudios”, indicó Cupajita.
Ahora bien, en el caso de que los sucesores no cumplan con los requisitos y se nieguen a salir del inmueble, sus progenitores tendrán la plena posibilidad de acudir a la justicia y solicitar una orden de desalojo o restitución del inmueble, así como lo establece el artículo 384 del Código General del Proceso.
La razón principal radica en que, llegado ese punto, el hijo deja de tener un derecho legal que le permita permanecer en la vivienda de sus padres.
En consecuencia, si su presencia genera conflictos, tensiones o incluso un riesgo directo para la seguridad y el bienestar de quienes habitan la vivienda, los padres tienen la posibilidad de acudir ante un juez para demostrar que la convivencia se ha vuelto inadecuada o perjudicial.
De igual manera, pueden argumentar que no existe un contrato de arrendamiento, una autorización expresa ni una obligación legal que sustente su permanencia en el hogar, lo que refuerza la facultad de los padres para solicitar su salida.