“No es asfixia ni venganza”, así respondió el presidente Abelardo de la Espriella a la carta enviada el pasado 18 de septiembre por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Corte Penal Internacional (CPI).
En el documento, Ramelli advirtió sobre una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de la jurisdicción, relacionada con iniciativas legislativas y presupuestales que avanzan en el Congreso.
“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”, manifestó De la Espriella en un trino.
El Mandatario señaló que la decisión de su Gobierno de fijar una posición frente al presupuesto y el debate que adelanta el Congreso no representa una amenaza para los jueces. Además, recordó los recursos que la JEP ha recibido desde 2018 y las cifras contempladas para los próximos años.
“Desde 2018, la JEP ha recibido del erario más de TRES BILLONES DE PESOS. En 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y, en 2026, opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el uso de los recursos asignados a la JEP y aseguró que debe existir una explicación sobre la forma en que la jurisdicción planea y ejecuta su presupuesto.
“La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático”, dijo.
De La Espriella también mencionó las cifras difundidas públicamente sobre los ingresos de Ramelli, quien, según el mandatario, pasó de recibir cerca de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente de la JEP.
“Respeto la independencia judicial y la libertad de los jueces para decidir, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, agregó.
El Jefe de Estado afirmó que cumplir el Acuerdo de Paz no implica aprobar automáticamente las solicitudes presupuestales de la JEP y planteó que la Rama Judicial ordinaria requiere mayores recursos para atender los millones de procesos represados, la congestión de los despachos, la infraestructura insuficiente y las limitaciones tecnológicas.
“No tengo una política de venganza contra la JEP. Tengo el deber de ordenar el gasto, exigir resultados y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos, no a un tribunal que una parte del país percibe —por razones discutidas en el Congreso y en la opinión pública— como un régimen de beneficios y no como el cierre efectivo de la impunidad”, concluyó Abelardo de la Espriella.