El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que este martes instó al Gobierno Nacional y a diferentes instituciones a adoptar acciones que protejan las vidas de más de 9000 excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz.
Archila aseguró que el gobierno no está cruzado de brazos y que el país debe seguir unido contra los grupos de narcotraficantes y las disidencias, responsables -dice- del 80 % de los homicidios y agresiones contra los desmovilizados.
"Somos respetuosos de todas las decisiones de los jueces. El propósito es que no se vea afectada ninguna persona en reincorporación y no ahorramos esfuerzos para su protección. En 30 meses de gobierno hemos actuado con más de 50 medidas y entidades del Estado, y hemos aplicado acciones para proteger personas amenazadas que estaban en riesgo", afirmó.
"Nos hemos articulado y la Fiscalía es 50 % más efectiva en la investigación de homicidios de excombatientes, y nuestra meta es que haya cero agresiones", añadió.
El Consejero también apuntó que, en varios casos, las alertas tempranas y la acción de la Fuerza Pública han conseguido que se protejan las vidas de los desmovilizados y sus familias.
Lea además: ¿Quiénes y por qué asesinan a los líderes sociales en Colombia?, vea este informe
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP señaló este martes que no son suficientes los esfuerzos para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc, por lo que ordenó a la Defensoría del Pueblo fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas; a la Unidad Nacional de Protección ejecutar todas las medidas para proteger las vidas de los desmovilizados; y a la Fiscalía informar sobre las investigaciones de los asesinatos de 19 excombatientes que denunciaron amenazas, entre otras indicaciones.