En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Elí Mejía Mendoza, más conocido por su alias de guerra ‘Martín Sombra’, uno de los hombres más temidos de la extinta guerrilla de las Farc. El deceso se produjo en el Hospital El Tunal, ubicado en el sur de Bogotá, en medio de un frágil estado de salud que arrastraba desde hace varios años.
‘Martín Sombra’ fue señalado como el responsable de múltiples asesinatos, secuestros y del establecimiento de las cárceles clandestinas donde permanecieron por años retenidos policías, soldados y políticos. Su papel le valió el apodo de “el carcelero de las Farc”, un título temido incluso dentro de la misma estructura guerrillera por la rigidez y el poder que acumuló en zonas de cautiverio.
Entre los nombres más reconocidos que estuvieron bajo su custodia se encuentran Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara y otros rehenes de alto perfil, que fueron secuestrados en el marco de lo que las Farc denominaban “canjeables” para negociar con el Gobierno.
Además de su rol como carcelero, participó en algunas de las acciones armadas más cruentas del grupo insurgente, como la toma de Mitú en 1998 y el asalto a la base militar de Girasoles, eventos que dejaron decenas de muertos y desaparecidos.
Capturado en 2008, Mejía Mendoza se acogió posteriormente al sistema de justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde reconoció crímenes como el reclutamiento forzado de menores y detalló el funcionamiento de los campos de secuestrados en la selva. Su testimonio fue considerado clave en el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, su caso volvió a la opinión pública en febrero de 2020, cuando fue recapturado en Bogotá, acusado de participar en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán, ocurrido en diciembre de 2017 en el departamento del Caquetá. En ese momento, las autoridades lo encontraron caminando con muletas, visiblemente deteriorado, y fue detenido sin oponer resistencia.
A pesar de la nueva investigación, en julio de 2024 la JEP decidió mantenerlo bajo su jurisdicción, al no hallar pruebas contundentes de que hubiera incumplido de forma deliberada el régimen de condicionalidad. Las autoridades valoraron su aporte a la verdad, especialmente en lo relacionado con los menores reclutados y las estructuras internas de la guerrilla.
El proceso judicial por el secuestro de Estupiñán continuaba en la justicia ordinaria, pero Mejía lo enfrentaba en libertad por vencimiento de términos. Su muerte cierra uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, marcado por el dolor de cientos de víctimas que aún buscan verdad, justicia y reparación.