El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud y Protección Social, solicitó al Consejo de Estado revocar la suspensión del Decreto 0182 de 2026, cuyo objetivo es mejorar la gestión del riesgo en salud y fortalecer la operación de las EPS con enfoque territorial y poblacional, especialmente en zonas dispersas y de baja densidad poblacional.
La medida cautelar que suspendió el decreto el pasado 6 de mayo fue adoptada a raíz de la demanda presentada por la congresista del partido Alianza Verde Katherine Miranda, generando la paralización temporal de reglas diseñadas para trasladar a millones de afiliados a la Nueva EPS y garantizar la continuidad del servicio de salud en diversas regiones del país.
“La Nueva EPS ha presentado serias dificultades en la garantía de la prestación de servicios, situación que se refleja en los recientes fallecimientos asociados a presuntas fallas en el suministro oportuno de medicamentos”, señaló Miranda en su momento.
En su petición, el Ministerio de Salud argumenta que la suspensión del decreto genera efectos negativos sobre la articulación interinstitucional, la coordinación, gobernanza y la continuidad del aseguramiento en zonas vulnerables, exponiendo a la población a vacíos operativos que podrían afectar su acceso a servicios esenciales.
Además, el Gobierno sostiene que la suspensión es desproporcionada y no idónea, ya que el daño que se intenta prevenir mediante la medida cautelar es menos grave que los perjuicios que genera la paralización total de la norma.
“Paraliza el conjunto de reglas que se definieron para corregir fallas estructurales del mercado de aseguramiento, garantizar la continuidad del servicio en zonas dispersas y de baja densidad poblacional, y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema” aseguró Minsalud en su comunicado oficial.
El Ministerio enfatizó que el Decreto 0182 de 2026 busca implementar mecanismos diferenciales para garantizar equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud en todo el territorio nacional, en especial en regiones dispersas, marginadas o de baja densidad poblacional.
Según el documento presentado al Consejo de Estado, la paralización de las medidas podría afectar la protección del derecho fundamental a la salud, la continuidad de los servicios y la sostenibilidad financiera del sistema de aseguramiento, violando principios constitucionales de universalidad, solidaridad, progresividad y eficiencia en la prestación del servicio público de salud.
El Ministerio solicitó finalmente que se revoque la medida cautelar ordenada en octubre de 2025, con el fin de permitir la implementación plena del decreto y los mecanismos de coordinación territorial que permitan optimizar la operación de la Nueva EPS y asegurar la cobertura de millones de afiliados.