El Ministerio de Salud y Protección Social anunció este 1 de enero de 2026 la actualización de los copagos y cuotas moderadoras que los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberán asumir este año, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
La actualización quedó oficializada mediante un documento administrativo publicado el pasado 31 de diciembre y se calculará sobre la base de la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo valor para 2026 fue fijado en $12.110.
Según explicó la cartera de Salud, la actualización responde a una obligación legal derivada de la creación de la UVB, establecida en la Ley 2294 de 2023, como mecanismo para indexar tarifas, cobros y otros valores del Estado.
Esta unidad reemplaza al salario mínimo y a la Unidad de Valor Tributario, y se ajusta anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor sin alimentos ni regulados, certificado por el DANE, lo que permite reflejar la inflación real en los montos que pagan los usuarios.
Los copagos y cuotas moderadoras son pagos que los afiliados deben asumir al acceder a los servicios de salud, establecidos desde la Ley 100 de 1993, y regulados posteriormente por normas como el Acuerdo 260 de 2004 y el Decreto 1652 de 2022, que definieron su naturaleza, condiciones de aplicación y topes máximos, diferenciando entre régimen contributivo y subsidiado.
Con la entrada en vigencia del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, la UVB se convirtió en el referente obligatorio para la actualización anual de estos valores, garantizando que los montos se ajusten sin depender del salario mínimo.
El Ministerio enfatizó que la actualización no modifica la estructura de los copagos ni las cuotas moderadoras, sino la forma de cálculo, manteniendo los criterios de protección para los afiliados según su régimen y nivel de ingresos establecidos en la normatividad vigente del sistema de salud colombiano.
La cartera reiteró que los nuevos valores se aplicarán desde el inicio de 2026 y buscan asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, al tiempo que protegen a los ciudadanos de sobrecostos injustificados y garantizan la continuidad en la prestación de los servicios médicos esenciales.
Esta medida permite que los pagos por servicios de salud reflejen la inflación real y mantengan la equidad en el acceso, especialmente para quienes pertenecen a los estratos más vulnerables del país y dependen del sistema público para su atención médica.