Defensoría pide medidas para garantizar continuidad de servicio de salud en 2026

La Defensoría del Pueblo pidió esta semana, al Gobierno nacional y a los actores involucrados en el sistema, implementar medidas que permitan garantizar la continuidad de los servicios de salud en el 2026.

La institución recordó a los actores del sistema que deben garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Esta obligación cobija a EPS, IPS, ESE, gestores, operadores farmacéuticos, entre otras entidades prestadoras de servicios.

Además, se debe contar con espacios conjuntos y permanentes de comunicación y articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores de las EPS y los gestores farmacéuticos, con el propósito de dar continuidad al servicio.

Una de las principales preocupaciones de la Defensoría tiene que ver con la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026 por temas administrativos y financieros por parte de diferentes IPS, entre las que se encuentra el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso.

Dichas IPS alertaron fallas en plataformas de radicación e incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS.

La Defensoría también indicó que se han conocido comunicaciones dirigidas a usuarios afiliados de esta EPS mediante las cuales el gestor farmacéutico Colsubsidio informa que, a partir de la misma fecha, se cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos.

Dada esta situación la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud tomar decisiones inmediatas como informar las rutas oficiales de contacto, informar sobre las acciones y medidas adoptadas en atención al informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados’, remitir documentación, programación, planes de visita y resultados del plan de choque actual de la Superintendencia, e implementar un informe individual por cada EPS que contenga el detalle de los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos prescritos y no entregados.

“Estas acciones son fundamentales para responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios, fortalecer los canales de trabajo conjunto y asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en cada territorio”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a todos los actores del sistema de salud para garantizar la continuidad en la atención y el acceso oportuno a medicamentos, especialmente frente a los riesgos de suspensión de servicios y cierre de puntos de dispensación que afectarían directamente a miles de personas en distintos territorios del país”, concluyó la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz.