El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no hubo ninguna interferencia por parte de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, en operaciones militares, luego de una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa con la cúpula militar y de Policía, y la propia senadora.
Según lo dicho por el alto funcionario, el proceder de la congresista responde al ejercicio de sus funciones y a sus opiniones relacionadas con la protección de la vida y el medio ambiente.
“Las actuaciones de la senadora responden a la actividad legítima de ella como senadora, pero también como defensora de Derechos Humanos para expresar sus preocupaciones y opiniones autónomas sobre la protección de la vida y el medio ambiente, sin que esto sea constituido como una interferencia o una afectación en las órdenes emanadas”, explicó Sánchez.
El titular de la cartera de Defensa reiteró que continuarán empleando todas las capacidades contra los grupos armados, pero también dialogando con la rama legislativa del país.
La reunión, que se desarrolló en un ambiente “franco, respetuoso y constructivo” -según informaron-, se dio luego de que se conocieran una serie de denuncias por parte de cinco generales en servicio y tres en retiro.
Los involucrados revelaron que la congresista y su círculo cercano habrían ejercido presión para detener procedimientos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Las denuncias fueron publicadas por la revista Semana, que expuso, según esas denuncias, que oficiales habrían recibido llamadas de la senadora Zuleta, su hermana Lina Zuleta y asesores cercanos como Johan Edisson Giraldo, para frenar combates y operativos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado.
No obstante, este no sería el primer episodio en el que la senadora enfrenta señalamientos de este tipo. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia cerró un proceso penal en su contra tras inadmitir una denuncia que la acusaba de interferir en capturas, al considerar que no existían pruebas ni una descripción clara de conductas delictivas atribuibles a la congresista.
La denuncia fue presentada por Diego Caro Porras, exintegrante de la unidad de trabajo legislativo de la senadora María Fernanda Cabal y vocero de la iniciativa Dame esos Cinco, con la que se impulsaba la recolección de firmas para promover la cadena perpetua a abusadores de menores.
*Redacción de El País y Colprensa.