Instauran denuncia ante la Corte Suprema contra la senadora Isabel Cristina Zuleta; ¿de qué la acusan?

El concejal de Medellín Alejandro De Bedout Arango instauró este sábado una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, tras un informe publicado por la revista Semana que vinculó a la congresista con presuntas interferencias en operaciones de la Fuerza Pública.

La denuncia fue presentada ante la Sala de Instrucción del alto tribunal y se basa en un informe según el cual altos oficiales del Ejército y la Policía habrían señalado presiones, llamados y comunicaciones indebidas de la senadora y allegados para, supuestamente, frenar actuaciones militares y policiales contra estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.

De Bedout calificó la conducta de la senadora como una posible usurpación de funciones, argumentando que habría utilizado su investidura para intervenir en actuaciones que, según el corporado, corresponden exclusivamente a la Fuerza Pública y a la administración de justicia. En el documento remitido al alto tribunal, el concejal pidió que se admita la denuncia y se ordene la apertura de indagación previa.

Los hechos señalados se enmarcan, en parte, en la controversia generada tras el denominado “tarimazo” un acto público celebrado en Medellín el pasado 21 de junio en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra que incluyó la presencia de líderes de bandas criminales y del presidente de la República, Gustavo Petro, y que ha generado múltiples señalamientos y debates políticos.

El concejal Bedout afirmó que la senadora “no es una víctima ni una ingenua: es la quemona del Pacto Histórico, la misma que lideró y montó criminales en el tarimazo de Medellín, burlándose del Estado, de las víctimas y de la ciudad”.

Anteriormente, la senadora Isabel Cristina Zuleta ya había sido objeto de otras investigaciones y quejas por presuntas injerencias, incluyendo acusaciones de obstrucción de la función pública y tráfico de influencias relacionadas con la salida de internos de la cárcel de Itagüí para participar en actos públicos.

La denuncia no solo pone bajo la lupa las posibles acciones de la senadora, sino que reaviva el debate sobre los límites del ejercicio de funciones del Congreso y la intervención política en asuntos que competen a la justicia y la seguridad estatal.

La Corte Suprema de Justicia deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir una indagación formal y, eventualmente, llevar a cabo las diligencias investigativas correspondientes.

Hasta el momento, Zuleta no se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia instaurada, aunque en otras oportunidades ha defendido sus actuaciones y rechazado que existan irregularidades en su ejercicio como congresista.