El acceso a la identificación legal en el territorio nacional experimentará un cambio profundo para garantizar la equidad ciudadana.
El Ministerio de Justicia anunció de forma oficial la eliminación de las tarifas obligatorias que frenaban un trámite de actualización de datos de alta relevancia para las minorías de identidad. Con esta flexibilización, el Estado busca tumbar los muros socioeconómicos históricos.
De acuerdo con las declaraciones del jefe de la cartera de Justicia, Jorge Iván Cuervo, la determinación quedará en firme mediante la rúbrica de un decreto presidencial. La medida impactará directamente las finanzas de los usuarios, quienes anteriormente debían asumir el pago de tarifas notariales e impuestos específicos para corregir sus folios de nacimiento.
Hasta la fecha, las herramientas digitales del Gobierno Nacional, como el aplicativo LegalApp, estipulaban que el costo fijo para elevar este trámite a rango de escritura pública se ubicaba en 81.900 pesos, sin contar las cargas tributarias adicionales. La nueva normativa, denominada por el ministro Jorge Iván Cuervo como el “Decreto Binario”, sepulta dicho cobro.
La reforma administrativa permitirá que las personas trans y no binarias ejecuten la modificación del componente sexo en su registro de manera gratuita. Esta corrección directa evitará que los interesados asistan obligatoriamente ante los notarios públicos, simplificando los tiempos de respuesta de la administración estatal.
Los análisis técnicos previos a la firma del decreto evidenciaron que la falta de coincidencia entre la expresión de género de un ciudadano y sus papeles oficiales desencadena exclusión. La población perteneciente a los sectores LGBTIQ+ afronta trabas recurrentes para ingresar al sistema de salud, postularse a ofertas laborales y validar sus semanas de pensión.
El origen legal de esta transformación responde al cumplimiento estricto de la Sentencia T-033 de 2022 proferida por la Corte Constitucional. En dicho dictamen, el alto tribunal ordenó adecuar los formatos vigentes para salvaguardar el derecho a la personalidad jurídica de quienes no se autoidentifican bajo los parámetros tradicionales masculinos o femeninos.
El camino para la aplicación de la gratuidad conllevó una preparación previa en la infraestructura informática del país. Desde el año 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició las labores de actualización en sus plataformas virtuales y bases de datos centralizadas para blindar la seguridad del proceso.
La modernización tecnológica implementada habilitará el beneficio de gratuidad en más de 1.220 sedes de atención distribuidas en toda Colombia. El engranaje institucional garantizará que la modificación efectuada en la partida de nacimiento se refleje de forma automática en la expedición de la cédula de ciudadanía y las tarjetas de identidad.
Esta flexibilización de trámites ocurre en un momento de reestructuración para las políticas sociales del Gobierno. Coincidencialmente, la agenda de inclusión enfrenta traumatismos tras ordenarse el cierre del Ministerio de Igualdad y Equidad debido a la Sentencia C-161 de 2024, la cual detectó fallas insubsanables en su trámite legislativo.