Caso Kevin Acosta: Ministro de Justicia reconoce que el Gobierno no debió pedir necropsia del menor

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respaldó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en firme la reserva del informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta y cuestionó al Ministerio de Salud por haber insistido en pedir el documento. “Nunca debió pedirse”, escribió en su cuenta de X.

El fallo, conocido el 27 de mayo, confirmó en segunda instancia que el informe tiene reserva sumarial por estar dentro de una investigación penal en curso, y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregarlo al Gobierno.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la negativa a la solicitud del Ministerio de Salud en su intento de obtener, vía tutela, la historia clínica y el informe de necropsia del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien murió esperando un medicamento para la hemofilia. La decisión, conocida el 27 de mayo, confirmó el fallo de primera instancia proferido en abril por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Según el expediente, Medicina Legal contestó el 17 de marzo de 2026 mediante un oficio en el que explicó que no estaba facultada para entregar directamente los documentos solicitados porque hacen parte de una investigación penal y están cobijados por reserva legal. La entidad informó, además, que trasladó la petición a la Fiscalía 51 Seccional de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, despacho que lleva el caso.

El Tribunal concluyó que esa respuesta fue clara, oportuna y suficiente, por lo que no hubo vulneración del derecho de petición. El acceso a documentos reservados, como una historia clínica o un informe de necropsia durante una investigación penal, cuenta con procedimientos específicos como el recurso de insistencia, al que puede acudir el solicitante si no está conforme con la respuesta, precisó.

La tutela había sido presentada por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, secretario general y director jurídico encargado del Ministerio de Salud, que alegaba vulneración del derecho de petición.

El caso de Kevin Acosta

Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, murió el 13 de febrero en Bogotá. Llevaba semanas sin recibir el Emicizumab, el medicamento que necesitaba cada 28 días, por fallas en el suministro de Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Tras una caída en bicicleta, las complicaciones derivadas de la falta de tratamiento resultaron fatales.

La controversia se disparó por la respuesta del Gobierno. El mandatario, en el Consejo de Ministros en la noche del 16 de febrero de 2026, sugirió que la familia del niño debía haber prevenido riesgos y agregó que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en ese mismo consejo que a un hemofílico hay que restringirle ese tipo de actividades.

Las declaraciones generaron rechazo de la Liga Colombiana de Hemofílicos y de organizaciones de pacientes, que recordaron que con tratamiento adecuado una persona con hemofilia puede llevar una vida normal. La Procuraduría General de la Nación señaló que la falta de suministro oportuno del medicamento pudo incidir en el deterioro del estado de salud del menor.

Tras esos pronunciamientos, Petro insistió públicamente en acceder a la necropsia, y el Ministerio de Salud radicó la tutela el 25 de marzo. Esa es la que ahora quedó hundida en segunda instancia.

No es la primera vez que Cuervo se aparta

El “nunca debió pedirse” se suma a otros episodios públicos en los que el ministro ha tomado distancia de decisiones presidenciales desde que se posesionó el 11 de febrero, en reemplazo de Andrés Idárraga.

Cuervo no firmó la convocatoria a la asamblea nacional constituyente que Petro impulsó en el Consejo de Ministros del 24 de febrero en Cartagena. El jefe de cartera dejó claro que no suscribió el documento que formaliza la solicitud para convocar a la Constituyente. En entrevista con Blu Radio dijo que ese asunto lo sacaba “del foco” de lo que quería hacer en el Ministerio.

También se distanció cuando Petro pidió denunciar penalmente al magistrado del Consejo de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, ponente de un auto sobre el régimen pensional. “Yo, como ministro de Justicia, lo manifesté ayer en mi cuenta de la red social X: las discrepancias con decisiones judiciales adoptadas, por ejemplo, por las altas cortes, como esta del Consejo de Estado, deberían discutirse en los mecanismos institucionales”, dijo. Cuervo recordó que para eso existe el recurso de súplica.

En la entrevista que concedió a Colprensa en febrero, el propio ministro había planteado la lógica con la que manejaría su relación con el jefe de Estado. Su deber en el Gobierno es advertir al presidente, Gustavo Petro, sobre los riesgos de sus propuestas y proteger el diálogo armónico con las Altas Cortes, aseguró entonces.

El ministro agregó que había conversado con el mandatario sobre los riesgos de algunas decisiones. “Él escucha con atención y creo que hemos encontrado un punto de encuentro (…) es más que todo hacerle ver los riesgos de las decisiones desde su condición de jefe de Estado”, afirmó.

El fallo del Tribunal Superior deja abierta, eso sí, una vía. Si el Ministerio de Salud insiste en acceder al informe, puede acudir al recurso de insistencia ante el juez que lleva la investigación penal. No es claro, por ahora, si el Gobierno tomará ese camino o si dejará el caso en manos de la Fiscalía 51, que adelanta la indagación por la muerte del menor.

El caso penal sigue su curso bajo reserva. Y la familia de Kevin tiene una pretensión civil por más de 1.800 millones de pesos, según reveló La FM, en una conciliación con la Nueva EPS y otras entidades del Estado citadas como responsables.