Hace unas semanas el Gobierno Nacional concretó la compra de los aviones de combate Gripen que reemplazarán a la flota de los Kfir que han venido operando desde hace varias décadas. Llegarán un total de 17 aeronaves provenientes de Suecia a partir del 2027, cuando ya el Gobierno Petro haya terminado, y en el 2032 llegaría el último.
Frente a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que su adquisición es el resultado de un proceso técnico, serio y transparente que se ha llevado a cabo durante más de una década. Al mismo tiempo, enfatizó que la decisión es el resultado de evaluaciones continuas realizadas por pilotos, expertos en logística, finanzas y comercio exterior de la Fuerza Aérea.
“Nos ajustamos a las necesidades, a las capacidades que requerimos y a la oferta en el mercado. Y es una decisión que no tardó tres días ni media hora; tardó un poco más de una década”, advirtió el ministro Sánchez.
Además, explicó que más allá de ofrecer tecnología de última generación, esta plataforma tiene costos de operación hasta un 18 % menores frente a otras alternativas evaluadas, lo que representa un ahorro significativo a lo largo de los próximos 40 o 50 años.
El general (r) de la Fuerza Aérea destacó que todo el proceso se desarrolló con esquemas estrictos de control, revisiones jurídicas y acompañamiento interinstitucional, solicitando la revisión de la Contraloría y la Procuraduría.
“Está todo el libro abierto para que conozcan los entes que deben conocer acorde a la reserva respectiva, porque estamos adquiriendo una capacidad de seguridad y defensa nacional cuya información o parte de ella incluso es de carácter secreto”.
El alto funcionario del Gobierno Nacional también reconoció el rol de Suecia y de la empresa Saab en esta negociación.
Sánchez explicó que todo el proceso de negociación se realizó de manera directa con el fabricante para ahorrar tiempo y recursos, manteniendo siempre el acompañamiento del Gobierno sueco. Sobre la empresa Saab, afirmó que es una compañía sometida a estrictas normas internacionales.
“Si la empresa Saab incurre en algún tema de corrupción, pierde licencias y esas licencias le afectan sus ventas en el mercado, pierde valor en la bolsa. Entonces nadie se arriesga por a perder eso y nosotros tampoco vamos a permitir que haya algo en contra de la transparencia”, concluyó advirtiendo.
De hecho, la compañía sueca recientemente emitió un comunicado asegurando que “Colombia no pagará de inmediato; el esquema financiero distribuye los costos durante los siete años del proyecto, protegiendo al país de variaciones inflacionarias y precios del mercado”.