El asesinato de tres soldados en Ipiales por parte de los Comandos de la Frontera, estructura de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), ha desatado una crisis en la mesa de diálogos con el Gobierno, que ahora evalúa la continuidad del proceso de paz.
La delegación oficial calificó la situación como “altamente crítica” y exigió un pronunciamiento urgente de la CNEB. El ataque ocurrió en la vereda La Esfloria, corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, donde los soldados profesionales Andrés Esteban Álvarez, Darwin Arnoldo Gómez y Brayan Steven Galindo fueron atacados con drones cargados de explosivos.
La acción, atribuida a los Comandos de la Frontera, dejó además dos militares heridos y generó un rechazo contundente por parte del Ejército, que advirtió sobre el riesgo que estas tácticas representan para las tropas y la población civil.
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, expresó que estos hechos constituyen un “duro golpe” contra las comunidades y contra los avances alcanzados en la mesa de paz.
Señaló que la delegación hará consultas inmediatas con el presidente Gustavo Petro y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para definir el curso de los diálogos.
En un comunicado, la delegación oficial exigió a la CNEB un pronunciamiento veraz sobre su responsabilidad en el ataque y advirtió que no se puede aceptar que un grupo armado mantenga un discurso de paz mientras sus unidades cometen acciones delictivas de extrema gravedad.
La crisis se agrava por otro hecho ocurrido en Olaya Herrera, Nariño, donde cuatro niños resultaron gravemente heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en la vereda La Laguna.
Según el Gobierno, este incidente evidencia el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la CNEB en el cuarto ciclo de negociaciones, cuando se pactó avanzar en el desminado de las zonas bajo su influencia.
La Coordinadora Nacional, que agrupa a los Comandos de la Frontera y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, ya había calificado el proceso como “en estado crítico” en marzo, tras la muerte de uno de sus negociadores en una operación atribuida al Ejército.
Ahora, los recientes ataques y el uso de minas antipersonales contra menores de edad ponen en duda la credibilidad del proceso y generan un escenario de ruptura de los acuerdos alcanzados en ciclos previos.
El Gobierno ha reiterado su repudio y profundo dolor por las víctimas, tanto militares como civiles, y subrayó que la continuidad de los diálogos dependerá de la respuesta de la CNEB y de las consultas con las máximas autoridades.