Supersalud acatará fallo que suspende intervención a Coosalud; así prepara la entrega

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que acatará el fallo judicial que ordena la suspensión provisional de la intervención a la EPS Coosalud. A la par, la entidad avanza en la preparación de un proceso de entrega que garantice la continuidad en la prestación del servicio para millones de usuarios afiliados a esta EPS en el país.

Así lo confirmó el superintendente Nacional de Salud (e), Jaime Hernán Urrego Rodríguez, quien señaló que la entidad ya activó un plan de trabajo para cumplir con la decisión judicial y coordinar la transición de manera ordenada.

“Estamos en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial”, indicó el funcionario, quien explicó que se convocó una reunión con distintas entidades del Estado para definir los pasos a seguir.

En este encuentro participaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el agente interventor y equipos técnicos de la Superintendencia. El objetivo, según explicó Urrego, es estructurar un plan que permita recopilar y organizar la información necesaria para realizar una entrega “ordenada, responsable y completa” de la EPS.

Uno de los puntos clave en este proceso es definir quién asumirá la administración de Coosalud una vez se materialice la suspensión de la intervención. Frente a esto, la Superintendencia informó que presentó un recurso de aclaración ante el Tribunal de Cartagena.

Con esta acción, la entidad busca que la autoridad judicial precise cuál es la figura que está legitimada para recibir nuevamente la EPS, con el fin de evitar vacíos en medio del proceso de transición.

Aunque la Supersalud aseguró que cumplirá la orden judicial, también confirmó que presentó una apelación frente al auto emitido el pasado 14 de abril por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Según explicó el superintendente (e), este recurso se interpuso “como corresponde en derecho”, pero no implica frenar las acciones necesarias para dar cumplimiento al fallo en los tiempos establecidos.

Hay que mencionar que la EPS cuenta con más de 3,5 millones de afiliados en más de 25 departamentos del país y administra recursos cercanos a los 3,5 billones de pesos.

Por esta razón, cualquier decisión sobre su operación tiene efectos directos sobre millones de usuarios, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de priorizar la estabilidad del servicio.

El superintendente encargado reiteró que, más allá de las decisiones jurídicas en curso, el objetivo principal es proteger el derecho a la salud de los afiliados. “Lo que prima aquí es la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados”, afirmó Urrego, al referirse a la necesidad de evitar interrupciones en la atención médica durante el proceso.