Después de dos años de investigación, los seis congresistas del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya tienen un destino común: el banquillo. Pero el peso judicial que carga cada uno rumbo al juicio es distinto. Dos están presos en guarniciones militares. Cuatro siguen en libertad. Todos enfrentan el mismo cargo: cohecho impropio, una forma de soborno por hacer algo que el funcionario, en este caso, ya estaba obligado a cumplir.
La decisión que la Sala de Instrucción dejó en firme envía el expediente a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Allí se hará el juicio. Es el mismo trámite que ya cumplen los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, presos en La Picota desde mayo de 2025.
En el segundo semestre de 2023, los seis integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aprobado los créditos externos que el Ministerio de Hacienda necesitaba a cambio de quedarse con tres obras de la Ungrd. Los proyectos sumaban $92.000 millones en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
La pieza clave del expediente es el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla. La Fiscalía General de la Nación le dio principio de oportunidad con inmunidad total a cambio de su declaración.
Benavides describió hasta la tabla del reparto: 20-20-20-10-10-10, según los porcentajes que cada congresista habría reclamado sobre las obras. Según ella, Bonilla la simplificó: 15% para todos. La respuesta del entonces ministro, contó la exasesora, fue un escueto “vale, anotado”.
Wadith Manzur, el vocero del grupo
El representante a la Cámara y senador electo del Partido Conservador habría sido el portavoz del grupo frente al Ministerio de Hacienda, según la acusación. La hipótesis se sustenta en los chats de Benavides: Manzur le presionaba para mover créditos atascados y, al tiempo, le preguntaba por el avance del proyecto en Cotorra, su departamento.
Cotorra es la obra más grande del entramado: $50.000 millones para contención y prevención de inundaciones. Manzur, Liliana Bitar y Julián Peinado se la habrían repartido.
Manzur se entregó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en marzo, tres días después de ser elegido al Senado con 134.000 votos. Es el séptimo congresista más votado del país. Está en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde busca posesionarse de su curul el 20 de julio. La Sala de Instrucción ya le negó la recusación al magistrado Héctor Alarcón y el reclamo por trato diferencial frente a los cuatro investigados en libertad.
Karen Manrique, la coordinadora
La representante por la curul de paz de Arauca es señalada por el exdirector de la Ungrd Olmedo López, como coordinadora del negocio dentro de la Comisión de Crédito Público. La acusación apunta a que monitoreaba el avance de los contratos ante funcionarios de la entidad y del Ministerio de Hacienda.
La prueba reina contra ella es una libreta amarilla que López entregó a la Fiscalía. En el folio 20 aparecen escritos, según el exdirector, los municipios y los congresistas beneficiados con cada contrato. La defensa de Manrique sostiene que esa letra no es de ella sino del exsubdirector Sneyder Pinilla, ya condenado a cinco años por confesar.
A Manrique le habría correspondido el proyecto de Saravena, por $30.000 millones. Se entregó en Tame el 12 de marzo, tres días después de reelegirse con 5.640 votos. Hoy está en el Batallón de Ingenieros General Francisco Javier Vergara Velasco, en Malambo, Atlántico. El martes la Corte le negó la casa por cárcel.
Su captura activó la figura de “la silla vacía”, un mecanismo que impide reemplazar al congresista detenido por otro de su misma lista. Arauca quedó sin representación en la Cámara durante toda la legislatura.
Liliana Bitar, la senadora del borrado de chats
La senadora conservadora habría sido la beneficiaria de la otra tajada de Cotorra, junto con Manzur y Peinado. Bitar, sin embargo, carga un señalamiento adicional al cohecho.
Según el testimonio de Benavides, Bitar la citó en junio de 2024 a un apartamento en Usaquén para pedirle que borrara conversaciones de WhatsApp con ella. Benavides aceptó. Ese episodio, si prospera como cargo separado, podría sumar destrucción de material probatorio. Por ahora la acusación en su contra es solo por cohecho impropio.
La senadora niega todo. “No he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad”, declaró. Sigue en libertad y enfrenta el juicio sin medida de aseguramiento.
Juan Pablo Gallo, el contacto del Carmen de Bolívar
El senador liberal por Risaralda habría negociado el tercer proyecto: las obras en El Carmen de Bolívar, por $12.300 millones. La prueba específica en su contra es un chat por Signal en el que Gallo, según la acusación, le entregó a Benavides el contacto de un señor de apellido Torres como interlocutor para coordinar las obras.
Gallo no se presentó a las elecciones de 2026. En 2022 había obtenido 134.559 votos. En público ha sostenido que las visitas que se le imputan a la Ungrd buscan “amedrentarlo”. Sigue en libertad.
Julián Peinado, el liberal joven de Antioquia
El representante liberal por Antioquia es el tercer nombre asociado al proyecto de Cotorra. Su defensa afirma que no hubo reuniones, llamadas ni correos con Pinilla o con López.
Peinado niega cualquier vínculo con el entramado. Como los demás investigados en libertad, sostiene que sus gestiones eran propias de un parlamentario que defiende proyectos para su región. La Corte rechazó ese argumento al ratificar el llamado a juicio.
Juan Diego Muñoz, el verde que renunció a tiempo
El único excongresista del grupo renunció a su curul en febrero de 2024. Era representante a la Cámara por la Alianza Verde y ya tenía una investigación abierta en la Corte por irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar en Meta, donde fue Secretario de Educación.
Su rol en la Ungrd es el menos preciso del expediente. La hipótesis es que negoció el proyecto de Saravena con Manrique. Tras su renuncia, según un chat aportado por Benavides, habría cedido sus “compromisos” al representante Wilmer Castellanos para torcer contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Ante la Corte se acogió al silencio. Antes había dicho: “En ningún momento direccioné contratos, estuve interesado o me apropié de recursos del Estado”. Está en libertad.
Los que están por encima de ellos
Los seis congresistas son los eslabones legislativos del entramado. La cabeza política, según la Fiscalía, son los exministros del Interior y de Hacienda.
Luis Fernando Velasco está preso desde diciembre de 2025. Ricardo Bonilla quedó en libertad el 7 de abril por vencimiento de términos, pero sigue vinculado al proceso. Ambos están en juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.
Más arriba está Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y hombre de confianza de Petro. Está prófugo y asilado en un país extranjero. La Sala de Primera Instancia informó en abril que no ha podido contactarlo para que rinda testimonio.
Y los dos expresidentes del Congreso. Andrés Calle, liberal, habría recibido $1.000 millones para garantizar las reformas del Gobierno desde la Cámara. Iván Name, de la Alianza Verde, $3.000 millones desde el Senado. Ambos están en La Picota.
El expediente que la Sala de Primera Instancia recibe es voluminoso: 30 cuadernos y más de 5.600 folios, según el dato que la propia Corte usó para argumentar la demora en el caso de Name y Calle. La primera tarea de la Sala será designar al magistrado ponente y fijar la audiencia preparatoria.
En esa audiencia se definirán las pruebas que entrarán al juicio. Es el filtro decisivo: ahí se medirá la fuerza del testimonio de Benavides, la cadena de custodia de la libreta de López y los chats interceptados.
La Fiscalía lo calificó como “empresa criminal”. Según sus cuentas, el entramado completo comprometió al menos $612.000 millones en contratos públicos, sumando los expedientes de la Ungrd y de Invías.