En estos momentos, una ley que cambiaría sustancialmente el sistema educativo tanto público como privado está siendo debatida en el Congreso de la República. Dicha iniciativa tendría un efecto directo en la forma en la que se concibe el régimen académico para profesores y padres de familia, en caso de ser aprobada.
La ley incluye una idea, que tiene que ver con que los padres de familia tengan el poder de elegir si quieren que sus hijos, sin importar su condición socioeconómica, ingresen a cursar sus estudios de primaria o bachillerato en colegios públicos o privados de todo el país, para lo cual se contaría con el apoyo del Estado.
Dicho proyecto de ley fue propuesto por la senadora y candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien propone implementar en todas las regiones colombianas un bono escolar que avalaría la decisión de los padres de familia frente al futuro escolar de sus hijos.
Esto permitiría que los padres en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema tengan en sus manos la posibilidad de inscribir a sus hijos en colegios prestigiosos y de alta competitividad académica, con el objetivo de darles mayores opciones de mejorar sus perspectivas laborales una vez concluyan su etapa de educación media y básica.
Para que esto sea posible, el Estado sería el encargado de financiar la matrícula de los niños que decidan hacer parte de estos cambios y no cuenten con los recursos económicos para respaldar su presencia en instituciones privadas del país.
Dentro del proyecto, queda establecido que las instituciones educativas de carácter privado pueden participar de esta iniciativa, para lo cual deberán cumplir con un requisito obligatorio: contar con el Proyecto Educativo Institucional o Comunitario aprobado y tener licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación.
Otro de los requerimientos es el de que manifiesten al Ministerio de Educación cuál es el número exacto de cupos que pondrán a disposición para cada grado académico; deberán garantizar por lo menos el 30% de dichos cupos por mérito académico.
Por su parte, el Ministerio de Educación sería el encargado de determinar la cantidad de estudiantes beneficiados de este cambio y de garantizar que los cupos se entreguen principalmente a los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y condiciones de vulnerabilidad.
La idea ya tiene el apoyo de algunas de las bancadas en el Congreso, aunque ha causado debates entre padres de familia, quienes ven con preocupación que estos cambios contribuyan a que sus hijos sufran de posibles comparaciones y de ‘bullying’ entre sus nuevos compañeros.