El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio durante un evento político en el occidente de Bogotá, continúa generando repercusiones más allá del escenario político.
Mientras avanza la investigación judicial sobre los responsables del crimen, se abre un debate paralelo sobre las garantías económicas a las que puede acceder su familia y la eventual responsabilidad del Estado por la falta de protección.
De acuerdo con juristas, los congresistas en Colombia cuentan con un régimen especial que establece una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % de su salario mensual. En este caso, el beneficio sería vitalicio para el cónyuge del senador y se mantendría para sus hijos hasta los 25 años, siempre que continúen en estudios formales.
El salario actual de un senador ronda los 51,5 millones de pesos, entre asignación básica, gastos de representación y primas. Esto significaría que la familia de Uribe Turbay podría recibir una pensión cercana a los 39 millones de pesos mensuales, dependiendo de la vía que elija para reclamar.
Otro escenario en discusión es la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
Expertos como el abogado Andrés Barrera señalan que el caso puede encuadrarse en la categoría de “accidente laboral”, ya que el crimen ocurrió en el ejercicio directo de las funciones políticas del senador.
Bajo esta figura, la ARL también otorgaría una pensión del 75 % del ingreso salarial, con trámites más rápidos y sin requisitos de semanas mínimas cotizadas, lo que representaría un alivio económico inmediato para los beneficiarios.
La normativa vigente, sin embargo, establece que la familia no puede acceder simultáneamente a ambos beneficios. Deberá escoger entre la pensión del régimen especial de congresistas o la que ofrece la ARL, valorando cuál resulta más conveniente en términos de tiempo y estabilidad.
Más allá del tema pensional, surge otro debate jurídico, la posibilidad de demandar al Estado colombiano por omisión. Según el penalista Francisco Bernate, existen antecedentes en los que el país ha sido condenado por no garantizar la seguridad de figuras públicas, a pesar de haber sido advertido de las amenazas en su contra.
En el caso de Miguel Uribe, el abogado de la familia, Víctor Mosquera, asegura que se presentaron más de cincuenta solicitudes de refuerzo a su esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), varias de ellas ignoradas. Este historial, sumado a la gravedad de los hechos, podría ser clave para sustentar una demanda por responsabilidad estatal ante el Consejo de Estado.
Las discusiones actuales no solo abarcan el impacto emocional que dejó el crimen, sino también las implicaciones jurídicas y económicas que marcarán el futuro de sus familiares.